Resumen
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El representante a la Cámara por Santander, Óscar Villamizar demandó ante el Concejo de Estado el Decreto 0044 de 2024, del Ministerio de Ambiente, que, a su juicio, “de manera arbitraria” pretende dejar sin minería zonas del país.
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE
En concreto, mediante este decreto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible estableció los criterios y lineamientos necesarios para declarar “reservas de recursos naturales de carácter temporal en zonas específicas del país, con el fin de excluir o restringir en dichas áreas, la actividad minera”, lo anterior con el objetivo de cumplir con las ordenes proferidas en la sentencia de 4 de agosto de 2022 de la Sección Primera del Consejo de Estado.
Entre los puntos de mayor preocupación para el sector minero, por ejemplo, el decreto reitera la faculta de la autoridad minera para adelantar las investigaciones administrativas en contra de los títulos mineros que se encuentren en las áreas de reserva temporal pues señala que si durante el término de vigencia de las declaratorias, existen contratos "inmersos en cualquiera de las causales y/o formas de terminación", las autoridades deben hacer los requerimientos y proceder con el cierre definitivo como si esa facultad debiera ser enfatizada en esos eventos.
Además, el articulado recalca, que en materia ambiental y frente a los contratos de concesión minera no existen derechos adquiridos por aplicación del principio de precaución referenciando sentencias como la Sentencia C-035 de 2016, la sentencia del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2022 entre otros pronunciamientos jurisprudenciales.
Estos y otros puntos son los que a juicio del Representante a la Cámara por Santander, Óscar Villamizar, hace que sea demandable ante el Consejo de Estado debido a que estaría incurriendo en vicios que provocarían la inseguridad jurídica para las empresas del sector, las cuales quedaría desprotegidas.
“El Ministerio de Ambiente ha expedido un decreto que deja en la inseguridad jurídica, las empresas del sector minero, estas empresas que no tuvieron la posibilidad de impugnar el Decreto quedan a merced del Ministerio de Ambiente, afectando su derecho al debido proceso, a la libertad de empresa y a la participación en la toma de decisiones que los afectan”, indicó el representante santandereano, quien agregó que el Ministerio se valió de conceptos vagos, sin contenido y una normatividad tan amplia que va a afectar el desarrollo económico de un sector amparándose en el principio de precaución, que para el caso presente es especulativo y no responde a análisis científicos.
“Este decreto generará un enorme daño al recaudo en impuestos, siendo este sector el aportante de 5,3 billones en renta, 6,1 billones en regalías y 4,2 billones en otros impuestos, un hueco fiscal que podría llegar a 15,6 billones de concretarse las intenciones antimineras del Ministerio de Ambiente”, puntualizó Villamizar.
