Resumen
La declaración de áreas de reserva por el Ministerio de Ambiente en Santander ha generado preocupación en el sector minero, ya que se realizó sin consultar a las comunidades locales ni realizar estudios técnicos adecuados, poniendo en riesgo la autonomía territorial y la economía regional.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La declaración de áreas de reserva, pone en riesgo al sector minero del departamento. El Gobierno no ha consultado adecuadamente a las CAR ni ha concertado con las comunidades locales, poniendo en riesgo la autonomía territorial y la economía regional.
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE
La reciente publicación sobre las áreas de reserva temporal en Santander por parte del Ministerio de Ambiente genera una gran preocupación en el sector minero. Según la Asociación Colombiana de Minería (ACM), esta decisión excluye las actividades mineras sin un proceso de participación ciudadana, sin el debido rigor técnico y va en contravía de las directrices emitidas por el Consejo de Estado en materia minera. El Gobierno no ha vinculado a las CAR ni a las comunidades locales, desconociendo la autonomía territorial.
La declaración la emitió recientemente la Asociación Colombiana de Minería, que agremia al sector minero, luego de que la ministra de Susana Muhamad anunciara la consulta pública del proyecto de resolución que define la Zona de Reserva Temporal de recursos naturales renovables en el Macizo de Santurbán, con lo que a su juicio se protegen las cuencas críticas que abastecen de agua a 1,3 millones de personas en siete municipios de la región y el Área Metropolitana de Bucaramanga.
“Esta resolución estará publicada para que sea consultada por la ciudadanía y se recibirán comentarios por parte de todos los actores interesados", precisó la ministra, quien agregó que icha resolución tendría una duración de dos años y, por lo tanto, es una resolución de carácter temporal, que se sustenta en el principio de precaución, con el fin de proteger las cuencas Alto Lebrija y Cáchira Sur, la biodiversidad, la capacidad de regulación hídrica y el ciclo del agua, que garantiza la función ecológica y la provisión de agua potable a los acueductos, tanto los municipales como el acueducto de Bucaramanga.
Sostuvo–, esta medida limita la entrega de nuevas concesiones mineras, contratos especiales de exploración y explotación u otro tipo de contrato sujeto a regímenes especiales, así como nuevos permisos o licencias ambientales para la exploración o explotación de mineral, hasta tanto se adelanten los estudios técnicos y procesos necesarios para identificar los mecanismos de ordenamiento ambiental del territorio, que permitan la protección efectiva de los recursos naturales renovables y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos, detalló la ministra de Ambiente.
Es arbitraria e ilegal
Si bien en el papel la medida busca un objetivo aparentemente noble, terminaría generando efectos adversos pues terminaría condenando al territorio a la ilegalidad de la minería, fenómeno que es el principal protagonista en la contaminación de los afluentes que abastecen de agua en la región además de que, aunque la ministra diga lo contrario, deja sin posibilidad a la pequeña minería de ejercer su tradicional y ancestral oficio.
Dentro de los análisis técnicos se identificó que en la zona de reserva prevista se encuentran 57 títulos mineros y 35 solicitudes de titulación minera, que en conjunto suman alrededor de 23.929 hectáreas.
En este contexto es importante mencionar que esta área traslapa con 20.397 hectáreas de ecosistemas que son claves para el uso y manejo coordinado del suelo, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, según los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas establecidos por la Corporación Autónoma Regional de la Meseta de Bucaramanga (CDMB).
“En Santander, la minería es una fuente de subsistencia profundamente arraigada en la tradición del territorio. Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM, expresó: “Esta decisión arbitraria afectará gravemente a las familias santandereanas que dependen de la minería. No se puede tomar una medida de esta magnitud sin estudios técnicos que la justifiquen, sin un proceso de concertación y diálogo previo, libre e informado con las comunidades y las autoridades locales”.
El proyecto publicado por el Ministerio de Ambiente genera una alta incertidumbre jurídica y económica para el sector, puesto que prohíbe el desarrollo de nuevas actividades mineras, así como la expedición de licencias y permisos a proyectos en curso.
Nariño asegura que: “es inconcebible que el Ministerio diga que el proyecto de resolución se sustenta en el artículo 47 del Código de Recursos Naturales Renovables y no cumpla ninguno de los requisitos establecidos dentro del mismo, el cual respeta los derechos adquiridos y no se refiere a recursos minerales, ni excluye su aprovechamiento. Aspectos que sorpresivamente no tiene en cuenta el proyecto de resolución”.
Resulta preocupante que el Gobierno tome esta decisión sin culminar el proceso de delimitación del páramo de Santurbán, bajo las garantías establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-361/17”.
Por estas razones añadió el Presidente de la ACM que se solicitó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que informe a la ciudadanía, con carácter prioritario, el cronograma detallado del plan de participación ciudadana y concertación con las comunidades, que se desarrollará como parte esencial del proceso previo a la expedición de la resolución, pues considera que de ninguna manera puede entenderse que la publicación por 20 días calendario, constituye un proceso participativo suficiente.
“Esperamos que una medida de esta magnitud, que incorpora decisiones trascendentales en relación con el medio ambiente, compromete derechos fundamentales, impacta significativamente el desarrollo económico del departamento, influye en los usos del suelo, afecta la actividad minera y altera directamente los planes de vida de los habitantes de la región, no avance sin garantiza una participación y concertación previa, adecuada, informada y verdaderamente efectiva, de acuerdo a los criterios de la Corte Constitucional.
La medida afectará en la provincia de Soto Norte a 35.000 personas que dependen dierectamente o indirectamente de la minería, en municipios como: Suratá, Matanza, Vetas, California, Charta, Tona y Bucaramanga, según cifras oficiales. La provincia de Soto Norte abarca más de 119.000 hectáreas, de las cuales 41.000 ya están delimitadas y 75.357 serán parte de la nueva zona de reserva temporal. Esto equivale a dos veces el área de la zona urbana de Bogotá.
Vale la pena destacar que la resolución llega en un momento crítico para la economía país. “Estamos hablando de una actividad que aporta más de 20 billones de pesos a la economía nacional en regalías, renta y contribuciones”, recordó Nariño. “Cuando el país más necesita estos recursos, la decisión del Ministerio castiga injustamente a miles de familias y territorios que dependen de la minería”.
Este es un precedente que nos debe poner en alerta a todos, pues esta resolución podría ser la primera de muchas que se tomen de manera indiscriminada en diferentes regiones del país o incluso en otros sectores, con consecuencias económicas y sociales irreversibles, puntualizó el jefe gremial.
