Salario de Petro es una burla para los colombianos de estratos bajos

La firma del decreto 0610 por parte del presidente Gustavo Petro, acompañada de las rúbricas del ministro de Hacienda Germán Ávila, del ministro de Trabajo Antonio Sanguino y de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia Angie Rodríguez, expone una postura contraria al contexto económico actual.

Este nuevo decreto fija el salario de los funcionarios de la Presidencia para 2025. El texto prevé un aumento del siete por ciento, resultado de sumar al porcentaje de inflación del año anterior, que cerró en 5,2 por ciento, un margen adicional de 1,8 por ciento.

El documento lleva fecha del martes 3 de junio y dispone que el incremento tenga efectos retroactivos a partir del 1 de enero. Con el nuevo monto, el presidente Gustavo Francisco Petro Urrego recibirá más de sesenta millones de pesos mensuales, sin computar las bonificaciones inherentes al ejercicio del cargo.

Ese nivel remunerativo supera el ingreso de la mayoría de los servidores públicos y genera una evidente desigualdad frente a las necesidades colectivas, sobre todo, que se convierte en una burla para con los estratos bajos de la sociedad colombiana.

La escala salarial se define a partir de negociaciones entre sindicatos y el Gobierno, pero la negociación general no justifica que la Presidencia se otorgue un ajuste tan significativo y sin debate público amplio.

En un contexto de recesión económica que arroja cifras negativas de crecimiento del Producto Interno Bruto, elevación de la tasa de desempleo y aumento de la pobreza, resulta inaceptable destinar recursos en un alza salarial de esa magnitud.

Mientras los servicios de salud carecen de medicamentos e insumos y están ahorcados por una impagable deuda producto de la corrupción, la Presidencia incrementa su paquete remunerativo de forma obscena.

El alza llega cuando el déficit fiscal asciende a casi seis por ciento del PIB y la tasa de desempleo sube cada día. La pobreza monetaria supera el cuarenta y dos por ciento, según datos oficiales.

Esa realidad socava el poder adquisitivo de amplios sectores, que enfrentan recortes de programas sociales y restricción de cupos en atención en salud o en la educación superior.

Ese decreto 0610 desdice el discurso oficial de austeridad. La Presidencia predica ahorro en cada intervención, pero aprueba un alza salarial por encima de la inflación. Esa incongruencia deja ver que el rigor fiscal se detiene en el umbral de los privilegios de la alta burocracia.

Además, el impacto presupuestal de la retroactividad genera erogaciones extraordinarias que agravan el déficit fiscal y comprometen recursos previstos para sectores críticos. El decreto no contempla medidas de compensación ni restricción de gasto en otros capítulos del presupuesto.

La autoaprobación de un aumento salarial socava la esencia del contrato social que legitima al poder público. Una democracia madura, férrea, debe exigir que la retribución de sus representantes refleje la situación de la población en general.