Sancionan a exconcejales de Barbosa por robarse a la oposición su lugar en la mesa directiva

Los disciplinados impidieron que el representante legítimo de la oposición ocupara la Primera Vicepresidencia del Concejo, una garantía creada para fortalecer el equilibrio democrático y el control político en las corporaciones públicas. La Procuraduría calificó la conducta como grave y cometida con dolo.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Lo que para muchos ciudadanos puede parecer una simple elección interna del Concejo Municipal, en realidad representa uno de los pilares de la democracia colombiana: garantizar que la oposición tenga voz y participación en las decisiones de las corporaciones públicas.

Precisamente por desconocer ese principio, la Procuraduría General de la Nación sancionó a siete exconcejales de Barbosa, Santander, al concluir que en 2022 desconocieron deliberadamente el Estatuto de la Oposición para impedir que el concejal que legalmente tenía derecho a ocupar la Primera Vicepresidencia del Concejo asumiera esa dignidad.

La decisión constituye un fuerte llamado de atención sobre el respeto a las garantías democráticas, pues la figura de la Primera Vicepresidencia no es un cargo protocolario. Desde la expedición del Estatuto de la Oposición, esa posición se convirtió en un mecanismo para asegurar que las fuerzas políticas contrarias al gobierno de turno tengan representación en la mesa directiva y puedan ejercer con mayores garantías el control político sobre la administración municipal.

La Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga estableció que durante la sesión del 16 de noviembre de 2022 los entonces concejales votaron para elegir como primera vicepresidenta a Yenny Rocío Agudelo Delgado, pese a que no cumplía con las condiciones legales para ocupar esa dignidad.

Con esa decisión fue desplazado Edwin Leandro Camacho Leguizamón, quien pertenecía al partido declarado en oposición al alcalde y era el cabildante que, conforme al Estatuto de la Oposición, tenía el derecho preferente para ejercer la Primera Vicepresidencia durante la vigencia 2022.

Para el Ministerio Público no se trató de un error administrativo ni de una interpretación jurídica equivocada. La investigación concluyó que los integrantes del Concejo actuaron con pleno conocimiento de las normas que regulaban la elección, razón por la cual la conducta fue calificada como grave a título de dolo, una de las modalidades más severas dentro del régimen disciplinario colombiano.

Sanciones para los siete exconcejales

Como resultado del proceso disciplinario, la Procuraduría impuso suspensión de nueve meses a los exconcejales Marisol Rocha Ariza, Mauricio Álvarez Rivera, Edinson Gilberto Castillo Rojas, y Fabián Leonardo Alvarado Pineda. A su vez, fueron sancionados con doce meses de suspensión Edwin Leandro Camacho Leguizamón y Yenny Rocío Agudelo Delgado.

La Procuraduría determinó que Camacho, quien integraba la mesa directiva como representante de la oposición, incurrió en responsabilidad disciplinaria dentro de los hechos investigados, mientras que Agudelo aceptó ser postulada y elegida para un cargo para el cual no reunía los requisitos establecidos por la ley.

También fue sancionado con seis meses de suspensión el entonces concejal Orlando Vargas Forero, quien había asumido su curul en julio de ese mismo año. Aunque llevaba pocos meses como cabildante, el organismo disciplinario concluyó que tenía el deber de conocer tanto el Estatuto de la Oposición como el reglamento interno del Concejo antes de participar en la elección.

Como ninguno de los sancionados ejerce actualmente funciones públicas, las suspensiones serán convertidas en multas equivalentes a los salarios que devengaban al momento de los hechos.

El caso trasciende el ámbito disciplinario porque pone de presente la importancia del Estatuto de la Oposición, desarrollado mediante la Ley 1909 de 2018 en cumplimiento del artículo 112 de la Constitución Política y reforzado tras el Acuerdo de Paz.

La norma fue diseñada para evitar que las mayorías políticas excluyan a quienes ejercen oposición. Entre las principales garantías establecidas está precisamente el derecho a ocupar la Primera Vicepresidencia de las corporaciones públicas, desde donde la oposición puede participar en la definición de agendas, el funcionamiento administrativo del cabildo y el fortalecimiento del control político.

La filosofía de la norma es sencilla: la democracia no consiste únicamente en que gobiernen las mayorías, sino también en garantizar que las minorías políticas puedan ejercer vigilancia, expresar posiciones distintas y participar en igualdad de condiciones dentro de las instituciones.

Por esa razón, impedir que la oposición ocupe el cargo reservado por la ley no solo afecta a un concejal en particular, sino que limita uno de los mecanismos creados para preservar el equilibrio institucional y evitar que el poder quede concentrado exclusivamente en quienes respaldan al gobierno municipal.

Un precedente para los concejos municipales

La decisión de la Procuraduría constituye uno de los fallos disciplinarios más relevantes en Santander relacionados con el respeto al Estatuto de la Oposición.

El organismo recordó que los integrantes de los concejos municipales tienen la obligación de conocer y aplicar las normas constitucionales y legales que regulan el funcionamiento de las corporaciones públicas, especialmente aquellas que garantizan la participación democrática de todos los sectores políticos.

El fallo, que corresponde a una decisión de primera instancia, deja además un mensaje para las corporaciones públicas del país: las garantías de la oposición no son una concesión política ni dependen de las mayorías circunstanciales. Se trata de derechos protegidos por la Constitución cuyo desconocimiento puede generar responsabilidad disciplinaria para quienes decidan ignorarlos.