Santander está entre las regiones donde más trabajos restaurativos han realizado los firmantes de la paz

A nueve años y medio de la firma del Acuerdo de paz, las comunidades afectadas por el conflicto armado, firmantes y víctimas se siguen reuniendo en territorios para debatir, cuestionar y construir. Una de esas iniciativas tuvo lugar recientemente en la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), donde, en alianza con instituciones nacionales e internacionales, se organizó el Foro Nacional: Intercambio de Experiencias Territoriales de Reparación y Restauración, con la participación de los principales protagonistas de las desmovilizadas Farc en la firma de los acuerdos de la Habana.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

La iniciativa buscó visibilizar los avances y desafíos de los TOAR (Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador-Reparador), una de las formas en que los comparecientes ante la JEP contribuyen a la reparación del daño causado durante el conflicto armado y contó con la participación de los principales jefes guerrilleros que delinquieron en el Bloque Magdalena Medio de las desmovilizadas Farc, como Jairo Cala y Pastro Alape.

 “Vamos a hablar con alcaldes, concejales, y no saben qué es el Acuerdo de paz. Lo ven como un sinónimo de impunidad. Pero si creemos que con más fuerza pública vamos a resolver algo, seguiremos en el mismo ciclo. Lo que se necesita es un Estado que proteja derechos, no que se limite a controlarlos”, cuestionó durante su intervención, Pastor Alape Lascarro, firmante del Acuerdo, quien reclamó la falta de apropiación que hay en la ciudadanía y en los gobernantes del verdadero alcance de los acuerdos de paz.

Sus palabras resumen el llamado central del evento: el desconocimiento generalizado del contenido, propósito y mecanismos del Acuerdo de paz continúa siendo su principal obstáculo. La profesora María Eugenia Bonilla Ovallos, directora del Instituto de Estudios Políticos de la UNAB, reforzó esta idea desde la apertura pues desde su perspectiva “Reflexionar sobre la reparación y la reconciliación no es solo un compromiso académico, es una responsabilidad ética con las víctimas, con los firmantes y con la sociedad que busca no repetir la violencia”.

Este encuentro fue desarrollado a partir de una investigación del Instituto de Estudios Políticos (IEP), financiada por Minciencias, y en alianza con entidades como la UFPSO, CAPAZ, la OEI, la Gobernación de Santander, CLAP y la Red de Mujeres del Catatumbo. La jornada reunió a participantes de 19 municipios del país, entre ellos Tolima, Caldas, Casanare, Antioquia, Santander y Norte de Santander.

Experiencias que restauran: desde Dabeiba hasta Bucaramanga

Durante el foro, participaron víctimas como Goymer Gutiérrez González, procedente de Dabeiba (Antioquia), quien trabaja en el proyecto Horizontes Seguros: “Perdonar a quienes nos hicieron daño no es fácil, pero es una forma de volver a creer en un Estado que, por años, nos falló. Si todos ponemos voluntad, la paz puede ser real”, y quien pese a su pasado trágico guarda la esperanza de consolidar un mejor futuro para sus hijos.

Sin embargo, una de las grandes limitaciones del acuerdo de paz es la falta de apoyo institucional y la ausencia de voluntad política para materializar los acuerdos en las regiones. En eso coinciden tanto víctimas como comparecientes, como es el caso de Pedro Trujillo Hernández y Erasmo Traslaviña Benavides, dos firmantes que lideran los denominados TOAR ( trabajos, obras y actividades con contenido restaurador-reparador) en los Santanderes y el Catatumbo, y quienes insisten en denunciar la falta de apoyo institucional y financiero, pese al esfuerzo físico y económico que ellos mismos han asumido.

“En Bucaramanga, la Alcaldía apoyó, pero fue insuficiente. En Puerto Parra tuvimos que hacer colectas para mejorar carreteras. Aun así, los TOAR son nuestro compromiso con la verdad y con la paz”, dijo Trujillo. Traslaviña relató la reconstrucción de escuelas en Tibú y la ejecución de placa huellas en zonas rurales de la región: “Con pocos recursos, pero con voluntad, estamos dejando huella en comunidades históricamente abandonadas”.

Reparaciones significativas pero insuficientes

En cifras presentadas por Gladys Prada Pardo, de la Secretaría Ejecutiva de la JEP, se reveló que 2025 ha sido el año con más solicitudes de TOAR desde que se firmó el Acuerdo. Entre enero y junio se radicaron 53 solicitudes, más del doble del promedio anual. Los Santanderes destacan con 85 TOAR realizados desde 2016.

Sin embargo, los comparecientes siguen enfrentando barreras institucionales que dificultan el cumplimiento de estas acciones. Según la JEP, hoy existen 4.010 personas comprometidas con este tipo de reparación.

Uno de los momentos más significativos fue el conversatorio con comparecientes de la Fuerza Pública. Paulino Coronado Gámez, exgeneral del Ejército Nacional, habló sobre cómo los TOAR les han permitido reconciliarse con las comunidades y consigo mismos:

“Fuimos garantes de seguridad, pero también partícipes del dolor. Ahora trabajamos con las víctimas y eso ha transformado nuestro rol en la historia”.

Según Julieth López Arcos, de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), 58 miembros de la Fuerza Pública en Santander ya participan en estos procesos, buscando cumplir de forma anticipada las sanciones propias estipuladas por la JEP.

Si bien estas cifras suponen avances, los comparecientes participantes, que llegan a los 4.010 según la JEP, han encontrado barreras en las instituciones locales para legitimar estos trabajos. Para Pastor Alape Lascarro, firmante del Acuerdo, estas trabas se producen por marcados intereses políticos, ponen en riesgo la seguridad de los comparecientes e impiden lograr lo que llama una justicia prospectiva que garantice la no repetición de los ciclos de violencia.

«El desafío más grande que tenemos en la implementación del Acuerdo de paz es que aún el país no tiene conocimiento de su alcance. Se va a hablar con el alcalde, con el concejal y no saben qué es, la visión que tienen es que es un acuerdo para la impunidad. Si nosotros firmamos el Acuerdo y cree el Estado que mandando fuerza pública al territorio va a resolver algo, vamos a seguir en las mismas condiciones. Se necesita que al territorio llegue realmente un estado que proteja derechos para que ningún ciudadano tenga que considerar que los defiende por mano propia».

“La paz empieza en el Catatumbo”

Las voces de las víctimas cerraron el foro con fuerza y claridad. Orlando Burgos García, coordinador de la Mesa Departamental de Participación Efectiva de Víctimas, expresó:

Los TOAR no pueden ser esfuerzos individuales. Deben ser acciones colectivas que construyan una reparación real y duradera”.

Y Yeison Andrey Dora Dora, líder indígena del resguardo Catalaura en Tibú, concluyó con una frase que resonó en todo el auditorio: “Anhelamos que haya paz en el Catatumbo. Luchamos por conservar el territorio, porque ahí está nuestra identidad. Que este país no olvide que la paz también se siembra desde la periferia”.

Este foro no solo fue un intercambio de experiencias. Fue una reafirmación del compromiso con la paz desde los territorios. Un espacio para recordar que la reparación no es solo una obligación jurídica, sino una apuesta ética por una Colombia reconciliada.