Resumen
La Asamblea de Santander aprobó un proyecto para otorgar titularidad gratuita de viviendas a más de 3414 familias afectadas por la violencia. La medida, que exime a los beneficiarios del pago del impuesto de registro, busca reducir la ocupación ilegal de predios fiscales.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La Asamblea de Santander ha aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza 005 del 2024, presentado por el gobierno del General (r) Juvenal Díaz Mateus, con el objetivo de brindar un alivio significativo a las familias afectadas por la violencia y el conflicto armado en la región. Este proyecto garantiza la titularidad gratuita de los predios habitacionales para más de 3 mil 414 familias de escasos recursos en el departamento.
La iniciativa, liderada por las secretarías de Hacienda y Vivienda de Santander, busca cumplir con los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia, como el acceso a una vivienda digna y la reducción de la ocupación ilegal de predios fiscales. Según el secretario de Hacienda de Santander, Diego Fran Ariza Pérez, esta medida representa una victoria temprana del gobierno departamental en su compromiso de resolver la informalidad de la tenencia de tierras.
El proceso de titulación de los predios fiscales ocupados ilegalmente implicará la legalización a través de la Superintendencia de Notariado y Registro, otorgando a los ocupantes el reconocimiento jurídico como propietarios legítimos. Además, la exoneración del pago del impuesto de registro permitirá que estas familias puedan obtener el título de propiedad sin incurrir en costos adicionales.
Es importante destacar que esta exoneración abarcará las vigencias fiscales 2024-2027 y beneficiará a ocupantes de 37 municipios del departamento de Santander, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos. Sin embargo, los beneficiarios estarán sujetos a futuras obligaciones tributarias respecto de los bienes titulados.
Esta iniciativa no solo impactará positivamente en la situación de miles de familias vulnerables, sino que también se espera un aumento en las bases catastrales, lo que conducirá a un incremento en el recaudo por concepto del impuesto predial para los entes territoriales. Asimismo, las empresas de servicios públicos podrán vincular de manera ágil y legal estos inmuebles, generando ingresos adicionales a través de la facturación por el consumo de servicios.
En palabras del secretario de Hacienda, Diego Ariza Pérez, esta medida refleja el compromiso firme del gobierno departamental en trabajar en conjunto con entidades como el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Superintendencia de Notariado y Registro y la Agencia Nacional de Tierras para garantizar el derecho a la propiedad de las familias más vulnerables de Santander.
