Senador Gustavo Moreno reclamó soluciones urgentes para Metrolínea

El caso de Bucaramanga es el más crítico en todo el país pues en este momento la movilidad del sistema está reducido a cifras irrisorias en comparación a sus gastos de funcionamiento, con casi la totalidad de los buses parados, rutas a la deriva, estaciones completamente destrozadas, y lo peor una ciudadanía sin alternativas legales para realizar sus viajes al interior de la ciudades del Área Metropolitana, razón por la cual se han disparado fenómenos ilegales como la piratería y el mototaxismo. A pesar de esta realidad, el gobierno nacional se niega a dar vía libre para su liquidación.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

La baja calidad de la movilidad, debilidades institucionales para su gestión y dificultad en el financiamiento hacen parte de las razones de los senadores citantes. Durante el debate quedó claro que el de Bucaramanga es el caso más crítico en todo el país.

Por solicitud de los senadores Gustavo Adolfo Moreno Hurtado, Guido Echeverri Piedrahita y Esteban Quintero Cardona, la Comisión Sexta de Senado cumplió su cita a debate de control político por la situación financiera y administrativa actual de los 7 sistemas integrados de transporte masivo presentes en el país.

Según los senadores citantes, existen problemáticas especialmente en ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Medellín, Pereira, Bucaramanga y Cali, entre las que se resaltan la baja calidad de la movilidad, debilidades institucionales para su gestión y dificultad en el financiamiento.

Para el caso del Área Metropolitana de Bucaramanga, Metrolínea ha acumulado una deuda cercana a los $800 mil millones, a los que se suma que para su reactivación se necesitarían cerca de 100 mil millones de pesos más para comprar una nueva flota de buses y reparar las estaciones del sistema, pues en la actualidad se encuentran completamente decadentes, y vandalizadas, lo que ha puesto en evidencia la inviabilidad económica del sistema de transporte masivo en el área metropolitana de Bucaramanga.

“Tener un sistema masivo de transporte es sinónimo de desarrollo económico en el país. Después de la pandemia del COVID-19 bajó la demanda de usuarios que hacen uso de este tipo de transporte. En el área metropolitana de Bucaramanga, por ejemplo, el 77% de las estaciones no sirven. Este debate de control político no es solo al gobierno nacional, también a las entidades territoriales ¿Quién responde entonces?”, cuestionó el senador Gustavo Adolfo Moreno, por el partido En Marcha.

La solución para el caso de Bucaramanga es la liquidación del sistema, medida para que hay consenso entre los alcaldes del Área Metropolitana de Bucaramanga, como punto de partida a una estrategia para reestructurar el sistema de transporte, dando paso a un modelo más viable y sostenible. Sin embargo, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte y el Ministerio de Hacienda, ejerció su poder al contar con el 70% de las acciones, bloqueando la iniciativa de los municipios.

 A su paso, el senador Esteban Quintero Cardona,por el partido Centro Democrático, quien lamentó la ausencia del ministro de Hacienda y quien recordó que el alto funcionario no ha hecho presencia en la Comisión Sexta desde que inició el cuatrienio, le solicitó al Gobierno Nacional entregar respuestas claras.

“Necesitamos que nos definan cuáles son los recursos que van a aportar, si van a cumplir con lo pactado en el Plan Nacional de Desarrollo y qué pasará con los sistemas de transporte masivo en el país. Las respuestas entregadas en el cuestionario no son concretas y evaden las inquietudes de la ciudadanía”, dijo.

Sin alternativas no

Para la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla, desde que está en vigencia el Compes 3991 la nación ha cumplido y para el caso de Bucaramanga ha “ha ido más allá del porcentaje que la ley le exige al Estado”. Consideró que la solución no está en que el Gobierno Nacional gire recursos a “huecos sin fondo” sino que por el contrario está en los litigios arbitrales.

“Tenemos más de 40 litigios arbitrales que superan los13 billones de pesos. Todos los riesgos son asumidos por el Estado y el Estado se está desangrando. Se ha olvidado el principio de conciliación entre el Estado y el contratista e inmediatamente se aplica el auto. Parte de las deudas que tienen los sistemas integrados de transporte se deben a estos autos arbitrales”, indicó.

La ministra Rojas, si bien se ha mostrado dispuesta a entablar caminos diálogos junto a las autoridades locales del área metropolitana de Bucaramanga para buscar una solución que garantice la prestación del servicio de transporte público masivo en esa región del país.

La jefe de cartera afirmó que la crisis de movilidad en el territorio santandereano afecta los derechos fundamentales de los usuarios y esto se da “por las actuaciones y omisiones de las autoridades municipales responsables de garantizar el servicio”, mencionó.

De igual manera, el Ministerio de Transporte ha hecho acompañamiento para que se tomen las acciones necesarias que permitan solucionar la grave situación.

“Tenemos el máximo interés y compromiso en que se ofrezcan alternativas por parte de los municipios del área de influencia para que se preste un servicio en condiciones de seguridad, calidad y cobertura. Hemos realizado un seguimiento continuo para que desde el territorio se tomen las acciones necesarias que garanticen la justicia en la movilidad”, detalló la ministra.

Sin embargo, solicitó que se suspendiera el estudio de liquidación hasta tanto se presente una serie de información que incluye, entre otras cosas, un plan de contingencia que garantice la operación y el uso de infraestructura construida con recursos del convenio de cofinanciación suscrito con la nación.

Igualmente, un análisis de por qué otras ciudades con Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM) que pasaron por circunstancias similares, encontraron salidas para mantener el ente gestor renegociando los pasivos y priorizando la prestación del servicio, precisando por qué en el área metropolitana de Bucaramanga esto no es posible.

Se advierte además que el Gobierno nacional ha invertido $977.000 millones para el pleno funcionamiento del sistema, reiterando que a pesar de ello hoy se presentan deficiencias en la operación por parte del concesionario Metrocinco, que no cuenta con la flota necesaria para prestar el servicio. Sumado a lo anterior, algunos de los municipios no han hecho el esfuerzo presupuestal suficiente para cubrir los gastos que permitan el pleno funcionamiento.