Senadora santandereana, clave en proyecto que aliviará multas y embargos a conductores en Colombia
Proyecto de ley propone una amnistía de 12 meses para deudas por comparendos y fotomultas, con descuentos en intereses y capital, además de reglas para embargos y traspasos vehiculares.
Proyecto de ley propone una amnistía de 12 meses para deudas por comparendos y fotomultas, con descuentos en intereses y capital, además de reglas para embargos y traspasos vehiculares.
Los puntos clave serán generados automáticamente por IA y revisados por la redacción de El Frente.
El contexto histórico y los antecedentes serán generados a partir del archivo periodístico de El Frente.
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La Comisión Sexta del Senado dio un paso clave en el trámite del Proyecto de Ley 241 de 2025, una iniciativa que busca modernizar el sistema de tránsito en Colombia y ofrecer alivios económicos a millones de conductores con deudas por comparendos y fotomultas.
Dentro del proceso legislativo tuvo un papel determinante la senadora santandereana Sandra Yaneth Jaimes Cruz, quien lideró la propuesta y defendió su ponencia positiva ante la célula legislativa.
El proyecto contempla una amnistía excepcional de 12 meses para ciudadanos con multas pendientes, permitiendo el descuento del 100 % de los intereses de mora y una reducción del 50 % sobre el valor del capital de la sanción, siempre y cuando el infractor realice el curso pedagógico de normas de tránsito.
La medida también beneficiaría a empresas y personas jurídicas, que podrían acceder a descuentos en fotomultas sin necesidad de asistir presencialmente a los cursos, eliminando trabas administrativas que durante años fueron objeto de críticas por parte del sector transportador y empresarial.
Sin embargo, la iniciativa deja claro que estos beneficios no aplicarán para infracciones relacionadas con conducción en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias psicoactivas.
Otro de los puntos que ha generado mayor respaldo es la regulación de las medidas cautelares sobre vehículos. El proyecto establece que los embargos no podrán mantenerse indefinidamente y que, si en un periodo de 10 años la autoridad no logra hacer efectivo el cobro, la medida prescribirá automáticamente, liberando el vehículo sin necesidad de acudir a procesos judiciales adicionales.
La propuesta también busca resolver el histórico problema de los llamados “traspasos a persona indeterminada”. Con este mecanismo, quienes vendieron un vehículo hace años pero siguen apareciendo como propietarios podrán desligarse de responsabilidades administrativas, tributarias y civiles, siempre y cuando se encuentren al día en sus obligaciones personales.
En materia de fotomultas, el articulado incorpora criterios establecidos previamente por la Corte Constitucional para reforzar las garantías al debido proceso. Entre los cambios más importantes se encuentra la eliminación de la responsabilidad solidaria automática del propietario, obligando a las autoridades a demostrar quién fue realmente el infractor, especialmente en comparendos captados mediante cámaras y sistemas tecnológicos.
La ponencia también defiende el impacto fiscal de la iniciativa argumentando que, aunque los descuentos representan una reducción temporal en el recaudo, el Estado podría recuperar cartera actualmente considerada prácticamente perdida. Según cifras expuestas durante el debate, la cartera morosa nacional supera los 148 billones de pesos y presenta niveles de recaudo inferiores al 10 %.
De ser aprobado en las próximas etapas legislativas, el proyecto podría convertirse en uno de los cambios más importantes al régimen de tránsito de los últimos años, beneficiando tanto a ciudadanos particulares como a municipios que hoy enfrentan enormes dificultades para recuperar recursos por sanciones impagas.
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