Sicariato enciende alarmas por violencia contra las mujeres en Santander

Las cifras oficiales muestran una reducción de los feminicidios en Santander durante 2026. Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos humanos advierten que detrás de esa disminución se esconde una realidad más compleja: cada vez más mujeres están siendo asesinadas en hechos asociados al sicariato y al crimen organizado, situaciones que no siempre son investigadas ni calificadas inicialmente como feminicidio.

Durante la más reciente reunión de seguridad departamental, la Gobernación de Santander informó, con base en datos de la Fiscalía General de la Nación, que entre abril y junio de este año se registraron dos feminicidios en el departamento, seis casos menos que en el mismo periodo de 2025, lo que representa una reducción del 50 %. En el mismo balance también se reportó una disminución del 26 % en los delitos sexuales y del 45 % en los casos de violencia intrafamiliar.

Por su parte, en el área metropolitana, la Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó que durante el segundo trimestre de 2026 solo fue tipificado un feminicidio. No obstante, en ese mismo periodo tres mujeres fueron asesinadas en Bucaramanga y otras tres en distintos municipios de Santander. Según las autoridades, esos casos no fueron clasificados como feminicidio porque, en principio, no reúnen los elementos jurídicos exigidos por la ley para ese delito.

Debate de fondo

No obstante, esa interpretación es precisamente la que hoy genera preocupación entre organizaciones sociales.

El Observatorio de Paz y Derechos Humanos de la Corporación Compromiso documentó ocho presuntos feminicidios entre abril y junio de 2026, la misma cantidad registrada durante el segundo trimestre del año anterior. Aunque en el balance semestral la organización evidencia una disminución frente a 2025, advierte que cuatro de los ocho casos ocurrieron bajo la modalidad de sicariato, una tendencia que evidencia cambios en la forma como se está ejerciendo la violencia letal contra las mujeres en Santander.

Silvia Ballesteros, trabajadora social de la Corporación Compromiso, explicó que la violencia basada en género está adquiriendo nuevas dinámicas en el departamento.

"Estamos viendo un aumento de asesinatos de mujeres bajo la modalidad de sicariato. Aunque muchos de estos casos no son tipificados como feminicidio, siguen evidenciando un contexto de violencia que afecta especialmente a las mujeres", señaló.

Disputas por microtráfico

Según la experta, cada vez son más frecuentes los homicidios de mujeres relacionados con disputas entre estructuras dedicadas al microtráfico y otras economías ilegales, un fenómeno que obliga a ampliar la mirada sobre las violencias basadas en género.

El Observatorio advierte que el hecho de que un crimen ocurra en un contexto de delincuencia organizada no excluye automáticamente la posibilidad de que exista un feminicidio. Por el contrario, sostiene que las investigaciones deben establecer si la víctima fue seleccionada por su condición de mujer, por sus vínculos afectivos o familiares, o si el crimen respondió a relaciones de poder y dominación basadas en el género.

De acuerdo con la organización, la Ley 1761 de 2015 y la jurisprudencia colombiana establecen que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse inicialmente bajo la hipótesis de feminicidio hasta que la evidencia permita confirmarla o descartarla. Además, recuerdan que las razones de género pueden coexistir con otros móviles criminales, incluidos los relacionados con el narcotráfico, el microtráfico o las disputas entre estructuras delincuenciales.

Reto para las autoridades

Para la Gobernación de Santander, los indicadores reflejan el impacto de las estrategias preventivas lideradas por la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Salud y la Fuerza Pública. Sin embargo, desde la sociedad civil insisten en que el desafío no puede limitarse a reducir las cifras oficiales de feminicidio, sino a comprender las nuevas expresiones de la violencia letal contra las mujeres y garantizar investigaciones con enfoque de género que permitan establecer las verdaderas motivaciones detrás de cada crimen.

El panorama plantea un reto para las autoridades judiciales: determinar cuándo un asesinato aparentemente ligado al crimen organizado también constituye un feminicidio. Para las organizaciones de derechos humanos, esa diferencia no es solo estadística, sino fundamental para garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas y sus familias.