Sicariato incontenible en el Área Metropolitana de Bucaramanga y en Barrancabermeja
Resumen
En 2024, el sicariato en Santander alcanzó 235 asesinatos. Bucaramanga fue el epicentro de estos crímenes con 65 homicidios, reflejando un crecimiento de la violencia urbana y la impunidad de redes criminales. En 2025, el primer trimestre ya reporta casi 30 muertes violentas.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La escalada de sicariatos en Santander alcanza niveles alarmantes. Según el Observatorio de Paz y Derechos Humanos de la corporación Compromiso, en 2024 se registraron 235 asesinatos bajo la modalidad de sicariato en todo el departamento, una cifra que supera ampliamente las estadísticas de años anteriores y evidencia el arraigo de esta modalidad criminal en la región.
Más de la mitad de estos crímenes, 110 casos, ocurrieron en el área metropolitana de Bucaramanga, concentrándose en Bucaramanga misma un total de 65 homicidios.
Esta alta incidencia refleja no sólo el crecimiento de la violencia urbana, sino también la capacidad de las redes criminales para operar con impunidad en zonas de alta densidad poblacional.
El primer trimestre de 2025 no ofrece señales de alivio: casi 30 muertes violentas han sacudido la capital santandereana y la mayoría se atribuyen a sicariatos.
Este patrón confirma que la tendencia al alza de los últimos años se mantiene, e incluso se agrava, poniendo en jaque la percepción de seguridad ciudadana y la confianza en las instituciones locales.
En 2023, el área metropolitana de Bucaramanga concentró 68 de los 170 sicariatos reportados en todo el departamento, lo que ya suponía un incremento frente a periodos anteriores.
El comparativo de los últimos tres años evidencia una curva ascendente: mientras en 2022 los casos eran todavía menos, el año pasado marcó un repunte significativo, y 2024 cerró con un récord histórico.
Expertos del Observatorio advierten que la persistencia de esta violencia selectiva está vinculada a la disputa por microtráfico, economías ilegales y la debilidad de la Fiscalía para judicializar a los responsables.
Frente a este escenario, autoridades municipales y departamentales deben articular estrategias urgentes: desplegar operativos focalizados, fortalecer la investigación criminal y promover iniciativas de inclusión social que desconstruyan las dinámicas delictivas.
