“Soy una falsificadora”: estos son los beneficios que obtendrá Juliana Guerrero tras reconocer que falsificó títulos

El proceso penal contra Juliana Andrea Guerrero Jiménez, relacionado con los dos títulos académicos que presentó para respaldar su aspiración a un alto cargo en el Gobierno nacional, llegó a una nueva etapa con un elemento que podría cambiar por completo el rumbo del expediente: la negociación con la Fiscalía.

La Fiscalía la acusa de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, dentro de una investigación que busca establecer cómo fueron expedidos y posteriormente utilizados dos títulos que aparecieron en su hoja de vida: uno de Contaduría Pública y otro de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria.

La Fiscalía había preparado el escrito de acusación con el que pretendía llevar formalmente a Guerrero a juicio. El documento sostiene que la investigada incorporó en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, SIGEP II, los diplomas y actas de grado con el propósito de acreditar los requisitos necesarios para aspirar al cargo de viceministra de Juventudes.

Según la investigación, Guerrero habría obtenido los dos títulos en julio de 2025, pese a que no habría cursado las asignaturas correspondientes ni presentado los exámenes exigidos para obtenerlos. En particular, la Fiscalía señaló que tampoco había presentado las pruebas Saber Pro requeridas para la obtención del título profesional.

El ente acusador sostiene que Guerrero conocía las circunstancias en las que fueron expedidos los diplomas y, pese a ello, decidió incorporarlos a su hoja de vida con el propósito de acreditar requisitos que, según la investigación, realmente no cumplía. La conducta habría quedado configurada cuando los documentos fueron cargados en el SIGEP II.

La diligencia de acusación había sido inicialmente programada para el 5 de agosto, pero fue aplazada. Posteriormente se fijó para el 20 de agosto, audiencia a la que Guerrero tampoco asistió después de que su defensa solicitara aplazamiento a última hora. Finalmente, el Juzgado 46 Penal del Circuito de Bogotá fijó una nueva fecha para el 9 de septiembre de 2026.

Mientras el proceso contra Guerrero sigue abierto, la justicia ya produjo la primera condena derivada del escándalo.

Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quien se desempeñaba como secretario general de la Fundación Universitaria San José, aceptó mediante preacuerdo con la Fiscalía su responsabilidad por la expedición de los documentos cuestionados.

El juez 46 Penal del Circuito de Bogotá avaló la negociación y le impuso una pena de 36 meses de prisión, además de una inhabilidad por el mismo término para ejercer derechos y funciones públicas. Debido a que la pena no supera los cuatro años y al cumplimiento de los requisitos legales, el juez concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

Durante la audiencia, Gutiérrez reconoció que autorizó la expedición de los dos diplomas pese a que Guerrero no había cumplido las exigencias académicas correspondientes. También ofreció disculpas públicas a la comunidad educativa de la institución y reconoció que su decisión terminó afectando el nombre de la Fundación, sus estudiantes, profesores y egresados.

Su confesión adquiere especial relevancia para el proceso de Guerrero porque constituye un reconocimiento judicial proveniente de una de las personas que, según la investigación, intervino directamente en la expedición de los documentos.

El escenario planteado en la investigación también abre la puerta a una eventual negociación entre Guerrero y la Fiscalía.

Durante la etapa de imputación, el ente acusador ofreció la posibilidad de obtener una rebaja de hasta el 50 % de la pena si se producía una aceptación de responsabilidad en los términos previstos por la ley. En aquella oportunidad, Guerrero no aceptó los cargos y el proceso continuó.

Por eso, un eventual preacuerdo tendría una consecuencia procesal evidente: Guerrero podría evitar la realización de un juicio oral, siempre que la negociación sea aceptada por el juez y se cumplan las condiciones legales.

El beneficio no significa, sin embargo, que la persona quede exonerada. Un preacuerdo implica aceptación de responsabilidad dentro de los términos pactados y debe ser sometido al control judicial. La discusión estaría entonces en determinar la pena base, los beneficios negociados y las condiciones de ejecución de la eventual condena.

De allí surge el cálculo que ha rodeado el caso: si la pena final, después de las reducciones autorizadas, queda por debajo de cuatro años y se cumplen las condiciones exigidas por la legislación penal, podría abrirse la posibilidad de que la condena no se cumpla en un establecimiento carcelario, sino mediante un mecanismo sustitutivo como la prisión domiciliaria o la suspensión de la ejecución, dependiendo de la figura jurídica aplicable y de la decisión del juez.

Un escándalo que comenzó con una hoja de vida

El caso se remonta a 2025, cuando Guerrero apareció como aspirante a un cargo de alto nivel en el Gobierno nacional. Su hoja de vida comenzó a circular en el proceso de selección para la Viceministerio de las Juventudes, pese a que inicialmente no acreditaba un título profesional.

Posteriormente aparecieron en su hoja de vida los títulos de Contaduría Pública y Tecnología en Gestión Contable y Tributaria expedidos por la Fundación Universitaria San José.

La institución terminó anulando el título de Contaduría y el escándalo derivó en investigaciones administrativas y penales. La Fiscalía posteriormente estableció que existían inconsistencias alrededor de la expedición de los diplomas y que Gutiérrez había intervenido en su autorización.

La investigación también encontró elementos relacionados con pagos realizados a la institución. Según reportes conocidos durante el proceso, fueron aportadas facturas por cerca de ocho millones de pesos relacionadas con los títulos, incluyendo pagos efectuados después de la fecha que aparecía como supuesta fecha de graduación. ([La FM][1])