‘Timochenko’ declarará contra político que habría participado en la orden de masacrar a la familia Turbay y el homicidio de un gobernador

 La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad decretó las pruebas que serán practicadas e incorporadas durante el primer juicio por Farcpolítica, en el que la UIA acusó al excongesista Luis Almario Rojas por su presunta participación con las extintas Farc-EP en un plan de persecución contra el denominado ‘turbayismo’ en Caquetá. Entre los testimonios citados están los de Rodrigo Londoño, Milton de Jesús Toncel Redondo y Fabián Ramírez Cabrera, además de otros antiguos integrantes de las extintas Farc-EP.

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP decretó las pruebas que serán practicadas e incorporadas durante el Juicio Adversarial Transicional contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, luego de surtirse la etapa de audiencia preparatoria. Se trata del primer juicio en la JEP por lo que se conoció como Farcpolítica, es decir las alianzas políticas con esa extinta guerrilla en el marco del conflicto armado.

Durante la audiencia preparatoria, llevada a cabo en julio de 2026, la UIA sustentó los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida que pretendía llevar al juicio. La defensa, los representantes de víctimas y el Ministerio Público ya habían formulado por escrito sus solicitudes y observaciones. Luis Fernando Almario Rojas mantuvo su posición de no aceptar responsabilidad por los hechos que le son atribuidos.

La Sección incorporó como pruebas de cargo documentos que incluyen protocolos de necropsia, actas de inspección y levantamiento de cadáveres, registros civiles de defunción, informes fotográficos y dactiloscópicos, declaraciones rendidas previamente ante autoridades judiciales, expedientes de investigaciones penales y documentos relacionados con las estructuras y actuaciones de las antiguas Farc-EP.

También fueron incorporados documentos relacionados con el Secretariado de las Farc-EP, el Bloque Sur, el Comando Conjunto ‘Camilo Torres’ y la estructura de la Columna Móvil ‘Teófilo Forero’, así como documentos provenientes de actuaciones adelantadas previamente por la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con las reglas de permanencia de la prueba previstas en el procedimiento adversarial de la JEP.

La acusación de la UIA comprende 30 hechos jurídicamente relevantes, que incluyen homicidios, desplazamientos forzados y privaciones de la libertad, relacionados con el asesinato del entonces gobernador de Caquetá, Jesús Ángel González Arias, el 20 de junio 1996; y con la masacre de la familia Tubay Cote, en diciembre del año 2000.

En materia testimonial, la Sección decretó 17 testimonios solicitados por la UIA. Entre ellos están los de Milton de Jesús Toncel Redondo, Rodrigo Londoño Echeverri, Fabián Ramírez Cabrera, Rubén Darío Montoya, José Ezequiel Huegia Cruz, Omar Olaya Estupiñán, Eduardo Ocasiones Llanos, William Wilches Sánchez, Alberto Luna Ocasiones y Constanza Judith Alfonsina Turbay Cote.

Además, la Sección ordenó que la UIA ponga a disposición de la Subsección que adelantará este juicio a las personas que hayan elaborado, coordinado o tengan conocimiento directo de los diferentes tomos del ‘Informe Génesis’ de la Fiscalía, para que declaren sobre su metodología y resultados.

La defensa también llevará sus pruebas al juicio

La decisión incorpora pruebas solicitadas por la defensa de Almario Rojas relacionadas con los resultados y estadísticas electorales del Caquetá, el contexto político del departamento, actuaciones judiciales, informes de seguridad, amenazas y atentados contra el excongresista y declaraciones recaudadas en procesos anteriores en la justicia ordinaria.

En particular, fueron incorporados 44 documentos solicitados por la defensa, entre ellos resultados electorales del departamento entre 1990 y 2007, informes de organismos de seguridad, intervenciones de Almario Rojas en el Senado, actuaciones de la Corte Suprema de Justicia y documentos relacionados con hechos de violencia política.

También fueron incorporados, exclusivamente para contextualizar el ambiente político y de opinión pública y sin otorgarles valor de prueba plena, 30 documentos descubiertos por la defensa, entre ellos publicaciones de medios de comunicación.

La defensa podrá practicar, además, 21 testimonios, entre ellos el del propio Luis Fernando Almario Rojas y de varios de los mismos testigos que pertenecieron a las Farc-EP citados por la UIA, como Milton de Jesús Toncel, Rodrigo Londoño Echeverri y Fabián Ramírez.

Asimismo, la Sección decretó dos pruebas periciales solicitadas por la defensa: una relacionada con los resultados electorales del Congreso, la Gobernación, las alcaldías y la Asamblea del Caquetá; y otra sobre el patrón de violencia contra líderes y simpatizantes de partidos y movimientos políticos del departamento. Estos peritajes deberán concentrarse en los hechos y el periodo comprendido entre 1994 y 2007.

¿Por qué Luis Fernando Almario Rojas está en juicio ante la JEP?

El proceso contra Luis Fernando Almario Rojas llegó a la JEP después de que la Corte Suprema de Justicia remitiera el expediente relacionado con el secuestro y muerte de Rodrigo Turbay Cote y los asesinatos de Diego Turbay Cote, Inés Cote de Turbay y otras personas.

La JEP aceptó su sometimiento en 2020, al establecer su competencia sobre estos hechos, relacionados con el Caso 01, sobre toma de rehenes y graves privaciones de la libertad cometidas por las Farc-EP.

Durante las versiones voluntarias realizadas en 2021, Almario Rojas negó su participación en los hechos y sostuvo su inocencia. Ante la persistencia de esa posición frente a conductas graves y representativas, la Sala de Reconocimiento de Verdad remitió el caso a la UIA para su investigación y eventual acusación.

La decisión incorpora pruebas documentales sobre el contexto político y electoral de Caquetá, la estructura de las Farc-EP y actuaciones adelantadas en la justicia ordinaria.jpeg

Posteriormente, en mayo de 2023 la UIA presentó un primer escrito de acusación que surtió los procesos de traslados y presentación de recursos. Luego, en junio de 2024, la UIA presentó la acusación consolidada en la que atribuyó a Almario Rojas, como hipótesis de acusación y no como una responsabilidad judicialmente establecida, la presunta coautoría del crimen de lesa humanidad de persecución, mediante asesinatos, traslados forzosos y privaciones graves de la libertad.

Según la acusación, la participación que la UIA atribuye al procesado habría comprendido aportes al diseño, coordinación y ejecución de ese supuesto plan. Estas afirmaciones corresponden a la teoría del caso de la acusación y deberán ser sometidas al debate probatorio y a la contradicción durante el juicio.