Toma paramilitar de Barrancabermeja tuvo cómplices en el Estado: Policías, militares y agentes de Ecopetrol

431 asesinatos, 85 desapariciones y 14 masacres hacen parte del expediente que reconstruye la alianza entre agentes de la Fuerza Pública, seguridad de Ecopetrol y paramilitares para someter a Barrancabermeja entre 1998 y 2000.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Barrancabermeja fue tomada a sangre y fuego. Pero, casi tres décadas después de aquellas noches de terror, la Jurisdicción Especial para la Paz acaba de poner sobre la mesa una conclusión que puede cambiar para siempre la lectura judicial de uno de los episodios más dolorosos de la historia del Magdalena Medio: los paramilitares no habrían actuado solos.

La JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 12 comparecientes, entre ellos nueve antiguos integrantes del Ejército, dos de la Policía y un capitán retirado del Ejército que posteriormente trabajó en el área de seguridad del Complejo Industrial de Barrancabermeja de Ecopetrol y terminó convertido en mando paramilitar del Bloque Central Bolívar.

La investigación establece que estos hombres habrían participado, de distintas maneras, en una alianza criminal destinada a facilitar la toma paramilitar de Barrancabermeja entre 1998 y 2000, bajo la idea de expulsar de la ciudad a un supuesto “enemigo común”: la guerrilla y todo aquello que sus aliados identificaran como parte de ella. El resultado de aquella estrategia fue devastador.

La JEP reconstruyó al menos 431 asesinatos y 85 desapariciones forzadas ocurridos entre enero de 1998 y diciembre de 2000. Identificó además 14 masacres, asesinatos selectivos y una persecución sistemática contra habitantes de los barrios orientales, dirigentes y trabajadores de la Unión Sindical Obrera, USO, y defensores de derechos humanos de CREDHOS.

De 22 a 310 asesinatos

Una de las cifras más estremecedoras del expediente permite dimensionar lo que ocurrió. En 1998, los hechos atribuidos a agentes del Estado en Barrancabermeja pasaron de 22 a 310. Un incremento superior al 1.309 por ciento que, para la justicia, coincide con el comienzo de la toma paramilitar.

Detrás de esa estadística están 14 masacres, familias enteras buscando durante años a sus desaparecidos y una población que terminó aprendiendo a vivir con el miedo. La JEP concluyó que la etiqueta de “guerrillero” o “colaborador de la guerrilla” fue utilizada de manera indiscriminada. No solamente quedaron bajo sospecha quienes combatían en las filas insurgentes. También fueron señalados habitantes de determinados barrios, sindicalistas, campesinos, dirigentes sociales y defensores de derechos humanos.

El expediente sostiene que la alianza contrainsurgente terminó desconociendo la autonomía de las organizaciones sociales y convirtió la pertenencia a un sindicato, una organización campesina, una entidad defensora de derechos humanos o incluso la residencia en un barrio popular en motivo de sospecha. Uno de los nombres que adquiere especial relevancia en la investigación es el del capitán retirado José Eduardo González Sánchez.

La JEP lo ubica como un verdadero actor bisagra entre tres mundos: el aparato de seguridad de la Refinería, antiguos compañeros de carrera militar y los comandantes paramilitares con los que mantenía vínculos.

Según la decisión, González Sánchez trabajaba en el área de seguridad de la Refinería cuando habría participado en la articulación de la estructura paramilitar. La JEP señala además que reconoció ante la jurisdicción que mientras ocupaba ese cargo hacía parte de la nómina paramilitar y recibía pagos periódicos en efectivo de Guillermo Cristancho Acosta, alias ‘Camilo Morantes’, y Mario Jaimes Mejía, alias ‘Panadero’.

La investigación también apunta hacia Bucaramanga. Desde el Batallón de Inteligencia No. 2, BITE2, adscrito a la Brigada 20 del Ejército, la JEP reconstruyó contactos que habrían permitido poner en comunicación a oficiales de inteligencia con los jefes paramilitares.

José Domingo García García, conocido como ‘Don Raúl’, y el oficial de inteligencia Juvenal Ovidio Brugés Palmera, alias ‘Felipe’, aparecen en esa cadena de contactos que habría terminado articulando a militares, policías, seguridad de Ecopetrol y paramilitares. Para finales de 1997, la JEP sostiene que la alianza estaba consolidada.

16 de mayo de 1998: el inicio del horror

El 16 de mayo de 1998 es identificado por la JEP como el acto inaugural de la toma. Ocho días antes, el entonces presidente de la USO, Hernando Hernández, había advertido personalmente al comandante de la Quinta Brigada, Fernando Millán Pérez, sobre la inminente llegada de los paramilitares. La alerta no habría sido atendida.

La noche del ataque, cerca de 50 hombres armados ingresaron a Barrancabermeja en camiones y camionetas. La JEP sostiene que el capitán Oswaldo Prada Escobar, oficial de inteligencia del Batallón de Artillería Nueva Granada, entregó a los paramilitares a un antiguo guerrillero convertido en informante del Ejército, Alain Miller Bolaños, alias ‘Maicol’, para identificar a las víctimas.

El mayor Jesús Herrera García, segundo comandante del Batallón de Contraguerrillas No. 45 Héroes de Majagual, habría garantizado el paso de los vehículos paramilitares por la base de La Lizama.

Y el oficial de operaciones del Batallón Nueva Granada, Carlos Eduardo Avendaño, habría ordenado retirar los vehículos blindados que protegían el acceso a la ciudad. Los hombres armados recorrieron los barrios orientales. Asesinaron a siete personas y se llevaron a otras 25. Estas últimas fueron trasladadas a San Rafael de Lebrija, donde fueron torturadas, asesinadas y desaparecidas, de acuerdo con la reconstrucción judicial.

Mientras los disparos retumbaban durante más de una hora, soldados ubicados a pocos metros permanecieron acuartelados. La misma noche, familiares desesperados recorrieron instalaciones militares y policiales buscando a sus seres queridos.

El terror no terminó en mayo

Los días 1 y 2 de agosto de 1998, los paramilitares perpetraron otra masacre. Once personas fueron asesinadas y cuatro resultaron heridas. El mismo informante, alias ‘Maicol’, volvió a aparecer en la operación.

Al día siguiente, el entonces jefe de la SIJIN en Barrancabermeja, teniente Juan Carlos Celis Hernández, llegó hasta la vivienda donde se escondían los responsables. Según la JEP, los confrontó porque habían dejado más víctimas de las acordadas y les dio cinco minutos para salir de la ciudad antes de que otras patrullas los encontraran.

La escena descrita por la justicia resulta particularmente inquietante: una estructura criminal capaz de entrar, asesinar, secuestrar y salir de la ciudad mientras, según el expediente, existían contactos y acuerdos con miembros de organismos encargados precisamente de impedirlo.

Durante por lo menos seis semanas antes de la incursión del 28 de febrero de 1999 existían alertas de la Defensoría del Pueblo, el Ejército y organismos del Ministerio del Interior sobre un nuevo ataque paramilitar contra los barrios nororientales.

La JEP sostiene que el subintendente Nilson Durán Durán confesó haberse reunido con paramilitares para apoyar la operación y haberles recomendado realizarla durante un fin de semana, cuando la presencia policial era menor.

El día del ataque, según la investigación, ‘Camilo Morantes’ llamó a González Sánchez y a Herrera García para solicitar que levantaran los retenes. Quince paramilitares ingresaron entonces por La Lizama en tres camionetas, atacaron un bazar comunitario y asesinaron a ocho personas.

Una de ellas fue Edgar Alfonso Sierra, un estudiante de apenas 17 años e integrante del movimiento juvenil de la Organización Femenina Popular.

En los barrios El Cerro y El Castillo, alias ‘Sonia’, hermana de ‘Maicol’, habría ingresado a una reunión comunitaria para identificar a quienes estaban allí y transmitir posteriormente la información a los paramilitares. Esa noche fueron asesinadas seis personas y entre las víctimas había dos menores de edad. Para la JEP, esta masacre y las otras diez incursiones reconstruidas forman parte de un mismo patrón macrocriminal.