Torpes movidas del Gobierno Petro para ganar la Presidencia
El texto cuestiona el uso del poder estatal como herramienta política y advierte que forzar las reglas debilita la institucionalidad y la democracia.
El texto cuestiona el uso del poder estatal como herramienta política y advierte que forzar las reglas debilita la institucionalidad y la democracia.
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La democracia no se debilita sólo por los golpes lanzados a diestra y siniestra para ver qué se logra derrumbar en el intento.
También se erosiona cuando quienes gobiernan convierten la Ley en una herramienta de conveniencia y el poder en una causa personal.
Eso es lo grave de la conducta que se refleja desde el Gobierno nacional. No se trata de un error menor ni de una jugada improvisada.
Se trata de un patrón que desordena las reglas, confunde a la opinión pública y degrada la autoridad del Estado.
Eso se manifestó en las torpes movidas del Gobierno Petro para ganar la Presidencia, generadas en episodios como el de la congresista del Pacto Histórico que intentó apartar provisionalmente de su cargo al Presidente por una vía ajena a la Constitución, con lo cual se reveló algo más profundo que una simple ignorancia jurídica.
Ese movimiento mostró la voluntad de estirar la institucionalidad hasta romperla cuando esta deja de servir a una estrategia política.
Ese gesto no fortalece al Gobierno. Lo exhibe.
Lo deja frente a una ciudadanía que observa cómo el discurso del cambio termina atrapado por las mismas mañas que decía combatir.
El problema no acaba allí. La utilización del cargo público para incidir en una campaña, el traslado de equipos oficiales a tareas proselitistas y la presión constante sobre las instituciones dibujan un cuadro peligroso.
Cuando un Gobierno confunde Estado con movimiento político, la frontera entre lo legítimo y lo abusivo se borra y con ello la confianza ciudadana paga la factura.
Petro y su entorno han empujado el debate hacia un terreno corrosivo.
Ya no basta con ganar adhesiones.
Ahora parece necesario blindar al heredero, forzar las reglas y someter los controles.
Esa obsesión por conservar el mando deja una señal inquietante.
El poder, cuando teme salir por la puerta de la Ley, busca atajos.
Y los atajos, en política, casi siempre cuestan más que el camino correcto.
Colombia no necesita más bravatas ni más pruebas de fuerza. Necesita respeto por el voto, por los órganos de control y por el derecho de la oposición a competir sin intimidación.
También necesita un Gobierno nacional capaz de aceptar límites. Sin límites no hay República.
Sin República no hay convivencia.
Sin convivencia, la confrontación reemplaza el debate y la anarquía hace añicos al discernimiento y la razón.
La advertencia es seria. Si el Gobierno central sigue en su acción de forzar las cuerdas institucionales para asegurar su continuidad política, el país entrará en un desgaste que golpeará la paz pública y degradará aún más el debate democrático.
La responsabilidad del momento no recae sólo en el Gobierno central.
Atañe también a quienes, desde el Congreso, los tribunales y la prensa, deben frenar el abuso con firmeza, sin miedo y sin claudicar jamás ante la presión del gobernante aferrado a su tabla de náufrago.
