Tribunal de Bogotá sentencia a policías por secuestro y robo a comerciante
Resumen
Tres policías de Bogotá fueron condenados a 8 años de cárcel por secuestrar y robar a un comerciante, tras un proceso judicial de tres años. Sin embargo, actualmente están prófugos y se están solicitando reparaciones contra la Policía Nacional.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Después de un proceso judicial que se prolongó durante tres años, finalmente se ha dictado sentencia contra tres miembros de la Policía en Bogotá, acusados de secuestrar y robar a un comerciante de la conocida zona comercial de San Andresito. Los condenados, identificados como dos patrulleros y un mayor, fueron parte de los esquemas de protección de figuras públicas y de grupos especiales dentro de la institución policial antes de cometer el delito.
El mayor en cuestión lideró el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), mientras que los patrulleros trabajaron en el servicio de protección de Juan Carlos Granados Becerra, magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Los tres han recibido una pena de ocho años y tres meses de cárcel por los delitos de secuestro simple agravado y hurto calificado agravado. Esta condena se produce tras un preacuerdo entre la defensa de los uniformados y la fiscalía.
La injusta experiencia del comerciante afloró a la opinión pública inicialmente en abril de 2021, momento en que se detuvo a los implicados. Ellos habrían engañado e intimidado a la víctima para sustraerle una suma considerable de dinero, ascendente a $753 millones de pesos. Aunque inicialmente estuvieron bajo custodia preventiva, se les otorgó libertad provisional cuando los términos se vencieron sin que se realizara la audiencia de formulación de acusación, comentó Juan Manuel Sáenz, abogado de la parte afectada.
Actualmente, y a pesar de haber sido encontrados culpables, los policías se encuentran prófugos y aún no se han efectuado las órdenes de captura en su contra.
Entretanto, Sáenz ha iniciado una acción de reparación directa contra la Policía Nacional, solicitando indemnizaciones económicas por los daños sufridos, tanto en lo personal como en lo empresarial, ascendentes a cifras millonarias. La Policía Nacional podría enfrentarse así a una responsabilidad administrativa. Adicionalmente, las solicitudes de los condenados para cumplir sus penas bajo arresto domiciliario han sido denegadas, concluyendo de forma tajante este caso judicial.
