El Tribunal Superior de Bucaramanga confirmó este viernes las condenas contra cuatro exfuncionarios y contratistas vinculados al denominado caso Vitalogic, el escándalo de corrupción que marcó la administración del fallecido exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, quien ya había sido sentenciado en 2024 por su participación en los hechos.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

La decisión de segunda instancia ratificó la responsabilidad penal de José Manuel Barrera Arias, exgerente de la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga (EMAB), condenado a 11 años de prisión; Rubén Enrique Amaya Vanegas, quien recibió la pena más alta con 13 años de cárcel; Jorge Hernán Alarcón Ayala, sentenciado a 9 años de prisión; y César Augusto Fontecha Rincón, condenado a 8 años de prisión.

En contraste, el alto tribunal absolvió a Abigail León Nieves y Abelardo Durán Leyva, al concluir que las pruebas no eran suficientes para mantener una sentencia condenatoria en su contra.

El caso Vitalogic es considerado uno de los expedientes de corrupción más significativos en la historia reciente de Santander. La investigación se originó por las irregularidades detectadas en el contrato de consultoría No. 096 de 2016, suscrito por la EMAB por 336 millones de pesos para estudiar la implementación de nuevas tecnologías en el tratamiento de residuos sólidos en el relleno sanitario El Carrasco.

Aunque el contrato tenía como objetivo evaluar alternativas para el aprovechamiento de basuras, la Fiscalía General de la Nación sostuvo que el proceso fue manipulado para favorecer intereses particulares ligados a la firma internacional Vitalogic RSU. Según el ente acusador, se alteraron requisitos técnicos, se falsificaron documentos y se diseñó una ruta contractual destinada a beneficiar a terceros cercanos al entonces alcalde.

La controversia adquirió notoriedad nacional cuando salió a la luz un audio en el que Rodolfo Hernández le manifestó a su asesor jurídico que “la ley no importa”, frase que se convirtió en símbolo del proceso y alimentó el debate sobre los límites entre la voluntad política y el respeto por la contratación pública.

La condena de Rodolfo Hernández

Por estos mismos hechos, Rodolfo Hernández fue condenado en 2024 a cinco años y cuatro meses de prisión por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, además de una multa superior a 80 millones de pesos. Debido a su delicado estado de salud, no se hizo efectiva una orden de captura inmediata. El exmandatario, quien posteriormente fue candidato presidencial y una de las figuras políticas más influyentes del país en los últimos años, falleció ese mismo año, pero su responsabilidad penal quedó establecida judicialmente.

Con esta nueva decisión del Tribunal Superior, la justicia consolida la tesis de que las irregularidades no fueron actuaciones aisladas, sino el resultado de una cadena de decisiones coordinadas desde distintos niveles de la administración municipal y de la empresa de aseo.

La primera condena fue emitida en agosto de 2025 por un juzgado de conocimiento de Bucaramanga. En esa oportunidad, seis exfuncionarios y un contratista fueron hallados responsables de delitos como interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.

En segunda instancia, el Tribunal revisó cada uno de los expedientes y decidió mantener las condenas contra cuatro de los implicados, al tiempo que revocó las sentencias impuestas a Abigail León y Abelardo Durán. La decisión representa un ajuste en la valoración probatoria, pero mantiene intacto el núcleo del caso: la existencia de maniobras irregulares para direccionar la contratación pública.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la situación de César Fontecha, quien en su momento denunció presuntas irregularidades dentro del proceso y participó activamente en acciones judiciales que cuestionaban la legalidad del contrato.

Tras conocerse el fallo, Fontecha insistió en su inocencia y aseguró que continuará utilizando todos los recursos legales disponibles para controvertir la sentencia. También sostuvo que Rubén Amaya, quien recibió la condena más severa, no habría participado en actos ilícitos, pese a la contundencia del fallo del Tribunal.

El caso Vitalogic trascendió el ámbito judicial para convertirse en un símbolo de las contradicciones de la lucha anticorrupción en Colombia. Rodolfo Hernández construyó buena parte de su imagen pública sobre un discurso frontal contra la corrupción, pero terminó condenado precisamente por irregularidades en la contratación de su administración.

La ratificación de las condenas por parte del Tribunal Superior de Bucaramanga refuerza el mensaje de que la justicia continúa avanzando en el esclarecimiento de uno de los episodios más controvertidos de la política santandereana. Diez años después de la firma del cuestionado contrato, el expediente sigue proyectando una larga sombra sobre la administración pública local, como un eco persistente que recuerda que, en contratación estatal, cada firma puede convertirse en un búmeran judicial.