Veeduría ciudadana exige respuestas por buses incendiados y cuestiona el manejo de Metrolínea

El derecho de petición es un llamado a los alcaldes y a los organismos de control para que actúen con transparencia y expliquen qué ha ocurrido con los bienes del sistema, quién responde por los recientes incendios y cuál es el verdadero plan para rescatar un modelo de transporte que, lejos de consolidarse como la columna vertebral de la movilidad metropolitana, sigue convertido en una pesada carga para el bolsillo de los santandereanos.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Una nueva ofensiva de control ciudadano puso contra las cuerdas a la administración de Metrolínea y a los alcaldes de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta. A través de un extenso derecho de petición, el veedor ciudadano Ramiro Vásquez, representante de la Veeduría Ciudadanía Santandereana Activa y reconocido por la Contraloría General de la República por su rigurosidad en el ejercicio del control social, solicitó explicaciones detalladas sobre los recientes incendios de buses en los portales del sistema y sobre múltiples decisiones administrativas que, según advierte, continúan profundizando la crisis financiera y operativa del transporte masivo.

“La comunicación fue dirigida directamente a los mandatarios metropolitanos en su condición de accionistas de Metrolínea y responsables, en representación de los contribuyentes, de velar por la adecuada administración de los recursos públicos”, indicó a EL FRENTE Vázquez Giraldo, quien detalló en que el documento no solo busca establecer responsabilidades por la destrucción de varios vehículos en hechos considerados sospechosos, sino también esclarecer por qué, después de años de incumplimientos y pérdidas multimillonarias, aún no se ha concretado la reversión de los bienes que debieron retornar al patrimonio público tras el vencimiento de los contratos de concesión.

Precisamente, uno de los primeros interrogantes planteados por la veeduría apunta a determinar si los buses incinerados pertenecían a las empresas concesionarias Movilizamos S.A. o Metrocinco Plus S.A.. También exige conocer quién tenía bajo su custodia estos vehículos y cuál era el responsable directo de su conservación, justo en momentos en que el sistema enfrenta una acelerada pérdida de activos y un creciente deterioro de la infraestructura.

El reclamo más vehemente se centra en la figura de la reversión, contemplada en el artículo 19 de la Ley 80 de 1993, norma que establece que los bienes utilizados para la prestación del servicio deben retornar al Estado una vez finalice la concesión. Ramiro Vásquez cuestiona que, pese a que los contratos fueron pactados por 15 años, los alcaldes no hayan impulsado oportunamente este procedimiento, permitiendo que buses y otros activos permanezcan en un limbo jurídico y administrativo. En caso de existir alguna disposición legal que impida dicha reversión, la veeduría exige que sea informada y sustentada formalmente.

Del fracaso a la quiebra

La solicitud también busca establecer el destino de la flota original con la que nació Metrolínea. Según recuerda el veedor, el sistema registró inicialmente 237 buses de diferentes tipologías. “La ciudadanía quiere saber cuántos de esos vehículos siguen operativos, cuántos fueron desintegrados, cuántos permanecen abandonados y cuál es el valor económico que podría recuperarse a través de los procesos de chatarrización”, indagó el veedor bumangués, quien además pidió claridad del contrato suscrito para alquilar 12 buses a gas a una empresa de Medellín.

Sobre este aspecto, Vásquez cuestiona que esta estrategia se haya puesto en marcha pese a los reportes periodísticos que evidencian una baja ocupación y una elevada carga financiera para el sistema.

“De acuerdo con las estimaciones, cada pasajero que paga una tarifa cercana a los 3.000 pesos requeriría un subsidio adicional de aproximadamente 41.000 pesos, un escenario que en la veeduría consideramos insostenible y contrario a cualquier criterio de eficiencia administrativa”, insistió Ramiro Vázquez.

Y la cosa se pone peor, pues las cifras expuestas resultan aún más preocupantes cuando se revisa el Convenio 119 de 2025. Según el documento, por los 12 vehículos se pagarían más de 8.331 millones de pesos, lo que equivaldría a cerca de 56,7 millones mensuales por cada bus.

Si, como se ha estimado, cada unidad transporta alrededor de 6.000 pasajeros al mes, los ingresos por recaudo apenas alcanzarían los 18 millones de pesos, dejando una brecha cercana a los 40 millones mensuales por vehículo que tendría que ser cubierta con recursos públicos.

Para la veeduría, esta decisión evidencia que la administración no ha corregido las fallas estructurales del negocio y, por el contrario, insiste en replicar un modelo contractual en el que se pagan sumas fijas independientemente del número real de pasajeros movilizados. En otras palabras, el sistema continúa avanzando como un bus con el tanque roto: mientras más combustible recibe, más rápido se vacía la caja.

Ramiro Vásquez también solicitó información detallada sobre el número de usuarios transportados por ruta y por periodo, con el fin de verificar si la demanda justifica las inversiones anunciadas. Considera que, después de tantos años de funcionamiento y de sucesivas inyecciones de recursos, Metrolínea ya debería haber demostrado su capacidad para operar de manera sostenible y no seguir dependiendo de subsidios crecientes que terminan recayendo sobre los contribuyentes.