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Tribunal rechaza cerrar la investigación sobre diploma falso de primo de la primera dama de Colombia

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Resumen

El excongresista colombiano, Mario Fernández Alcocer, está bajo investigación por presuntamente utilizar un diploma de bachiller falso para obtener su título de abogado. A pesar de los intentos de la Fiscalía de cerrar el caso, los tribunales insisten en continuar con la investigación.

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El caso del excongresista Mario Fernández Alcocer, sospechoso de haber presentado un diploma de bachiller falso para obtener su título de abogado, **sigue generando controversia en Colombia**. La investigación, que incrimina al primo de la primera dama Verónica Alcocer, **avanza tras el fallo de un tribunal que niega la solicitud de preclusión presentada por la Fiscalía**.

Este diploma, que fungió como requisito para su titulación en la Corporación Universitaria del Caribe en 2008, estaba firmado por directivas del colegio Liceo Panamericano de Sincelejo. No obstante, **las directivas del colegio negaron tener registro de Alcocer como egresado**, lo que incrementó las sospechas sobre la validez de su documento.

El enigma se complica aún más al descubrirse la aparición de otro diploma seis años después, esta vez en un colegio de Bogotá, situación que indicaría que **Alcocer obtuvo un título universitario antes que el bachillerato**.

La petición de preclusión del caso, basada en argumentos como la prescripción de los delitos y la atipicidad, recibió un duro golpe por parte del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Sincelejo, que no accedió a sepultar el proceso. **La defensa y la Fiscalía**, no conformes con la decisión, **apelaron**, arguyendo fallos en el juicio de primera instancia.

Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Sincelejo **ratificó la decisión y reprochó a la Fiscalía por un desempeño que consideró desleal y falto de rigor**. El ente judicial remarcó que algunos miembros de la Fiscalía deberían ser investigados por las omisiones y acciones que beneficiaron al acusado, enfatizando la importancia de persistir en la investigación.

"Lo que se observa es la deslealtad con la que actuaron el fiscal y el defensor, omitiendo un deber elemental en el proceso legal de acuerdo al artículo 12 del Código Penal," destacó el Tribunal.

Los magistrados subrayaron que el tiempo transcurrido no justifica la terminación de la investigación, sino todo lo contrario: **sugieren acciones disciplinarias contra los funcionarios que no cumplieron con sus responsabilidades en el tiempo estipulado**.

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