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UIS desmiente déficit fiscal de $45.000 millones y atribuye retrasos a incumplimientos externos

UIS desmiente déficit fiscal de $45.000 millones y atribuye retrasos a incumplimientos externos

Resumen

La UIS desmiente un supuesto déficit fiscal de $45.000 millones atribuido a su gestión al señalar que el desajuste se debe a retrasos en los giros de entidades externas. La universidad reitera su compromiso con la transparencia y destaca su estabilidad financiera.

Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
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by Danilo Pérez

La División Financiera de la Universidad Industrial de Santander (UIS) publicó un comunicado oficial este 24 de abril de 2025 para responder, con datos precisos y sin espacio a interpretaciones, a las afirmaciones sobre un supuesto déficit fiscal superior a los 45.000 millones de pesos al cierre de 2024.

El documento original, firmado el 22 de abril por el profesor Jorge Andrey Cáceres Malagón, señalaba diversas irregularidades en la gestión presupuestal y financiera de la institución, denuncias que la administración universitaria tildó de infundadas y carentes de rigor técnico.

En primer lugar, la UIS precisó que la información financiera correspondiente a 2024 permanece disponible en su sitio web institucional. Desde el 3 de abril están publicados los Estados Financieros comparativos de 2023 y 2024, mientras que desde el 3 de marzo se accede a la ejecución presupuestal de 2024.

Ambos documentos cuentan con la aprobación del Consejo Superior Universitario y cumplen con los requisitos formales de reporte ante las entidades de control estatales. La aseveración sobre la supuesta ausencia de dichos informes carece de fundamento y contradice el registro público accesible a cualquier miembro de la comunidad universitaria.

El segundo punto de aclaración se centró en la Resolución 034 del 17 de enero de 2025, en la cual se reportó un déficit fiscal en los rubros del Fondo Común y del Fondo de Reservas Especiales.

La administración universitaria recordó que los literales d y f de esa misma resolución explican la causa real: los recursos, asignados por el Gobierno Nacional, el Departamento de Santander y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), no se giraron dentro de la vigencia 2024.

El monto total de esos giros pendientes fue de $45.036.034.421, cifra que dio origen a la constitución de reservas presupuestales mediante la posterior Resolución 035 de 2025, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas al 31 de diciembre de ese año.

El comunicado puntualizó que el déficit no refleja un manejo interno inadecuado, sino el incumplimiento de las entidades financiadoras. En el caso del Ministerio de Educación Nacional, la transferencia correspondiente al proyecto de la Facultad de Salud –por valor de $51.617.911.165– se efectuó el 19 de marzo de 2025.

Con relación a los recursos de la ANH, la UIS ha recibido, desde el 13 de enero de 2025, entregables que suman $24.044.909.061; el saldo restante, estimado en $38.417.527.196, se completará durante el mes de junio de 2025 conforme al calendario de entregas contractuales.

Además, el 25 de febrero de 2025 ingresó el pago final del compromiso contractual con el Ministerio del Interior, por $5.600.000.000, y el 20 de marzo de 2025 se registró el segundo desembolso del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, por $8.414.908.997.

En cuanto al señalamiento sobre la supuesta utilización de recursos destinados al pago de salarios y prestaciones sociales para cubrir el desfase presupuestal, la División Financiera rechazó esa afirmación.

Reconoció la realización de contracréditos en partidas de funcionamiento, práctica habitual dentro de la administración pública y contemplada en el artículo 89 del Estatuto Orgánico de Presupuesto (Decreto 111 de 1996).

El análisis de la ejecución presupuestal 2024 revela que las apropiaciones iniciales en rubros de nómina y prestaciones sociales sufrieron ajustes similares a los registrados en la Resolución 034, con una ejecución efectiva muy cercana al 100 % del presupuesto definitivo. No existe evidencia alguna de incumplimiento en el pago de beneficios al personal docente y administrativo.

El comunicado subrayó que, una vez se formalice la totalidad de los giros pendientes, se incorporarán los ajustes presupuestales necesarios.

De esa manera, la universidad mantendrá la coherencia entre los recursos comprometidos y los reconocidos oficialmente, sin afectar la capacidad operativa ni la solidez financiera de la institución.

Sobre las acusaciones de “deterioro financiero acelerado y sostenido” que presuntamente afectaría la liquidez de la UIS, el informe administrativo aportó datos claros: al 31 de diciembre de 2024, el índice de liquidez de la institución alcanzó 3,16, cifra superior en 0,50 puntos al indicador de 2022 y que supera también el rendimiento del año 2023.

Este resultado desmiente de manera categórica cualquier declive en la capacidad de la universidad para atender sus obligaciones corrientes y pone en evidencia la falta de contexto de quienes excluyeron la información completa de 2024.

La División Financiera puntualizó, además, que los Estados Financieros comparativos de 2023 y 2024 reflejan un aumento de activos y patrimonio por MM$ 174.486 y MM$ 203.903, respectivamente, junto con una reducción de pasivos en MM$ 29.417.

Los ingresos se incrementaron en MM$ 162.185, mientras que los costos y gastos sumaron MM$ 57.104, permitiendo un crecimiento de excedentes de MM$ 105.081.

Estos datos ponen en relieve la salud financiera y la capacidad de generación de recursos de la UIS, elementos determinantes para sostener proyectos de investigación, extensión y docencia de alto impacto.

A la comunidad universitaria, el comunicado dirigió un mensaje de cautela frente a mensajes parciales que omiten información clave. Señaló que la presentación de cifras fuera de contexto, acompañada de conclusiones sin sustento, genera incertidumbre innecesaria y puede afectar la credibilidad institucional.

La División Financiera reafirmó su compromiso con la transparencia, la legalidad y la gestión responsable de los recursos públicos, valores que han guiado cada proceso de aprobación presupuestal y cada informe financiero oficial.

Este pronunciamiento cierra un ciclo de versiones contradictorias al interior de la universidad. Por un lado, las afirmaciones sobre un déficit inusual; por el otro, la documentación oficial debidamente aprobada y publicada.

La UIS invitó a docentes, estudiantes y empleados administrativos a consultar directamente las fuentes oficiales disponibles en su portal web, donde constan los detalles de cada línea presupuestal, sus modificaciones y los reportes de ejecución aprobados por el órgano máximo de decisión universitaria.

Desde el punto de vista institucional, los procesos de supervisión interna y los reportes periódicos ante los entes de control del Estado, como la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Educación, han transcurrido sin observaciones relevantes.

La universidad recordó que el Consejo Superior Universitario, en su papel de garante del buen uso de los recursos, avaló cada uno de los informes financieros y los acompañó de resoluciones que formalizan tanto las reservas presupuestales como los ajustes de ejecución.

La publicación oportuna de los estados financieros y la ejecución presupuestal reforzó la transparencia de la administración universitaria. El cronograma de reportes —3 de marzo para ejecución presupuestal y 3 de abril para estados comparativos— se cumplió en tiempo y forma, tal como lo exige la normatividad y las políticas internas de la UIS. De esta manera, la comunidad cuenta con acceso directo a los datos oficiales y puede hacer seguimiento puntual de cada actividad financiera.

La División Financiera de la Universidad Industrial de Santander rechazó las versiones que atribuyeron el déficit de $45.036 millones a una gestión interna deficiente. Aclaró que el origen de dicho desfase son retrasos en los giros de entidades externas y no una desviación o mal uso de los recursos.

Ratificó el estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales y el pago puntual de salarios y prestaciones sociales, al tiempo que destacó la robustez de sus indicadores financieros y el crecimiento sostenido de activos y patrimonio.

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por Danilo Pérez

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