Una ciudad atrapada entre el desacuerdo y la urgencia

Este viernes, Bucaramanga fue escenario de una nueva jornada de tensiones sociales. Desde tempranas horas de la mañana, los gremios de motociclistas y mototaxistas se volcaron a las calles para expresar su rechazo frente a las decisiones de las autoridades: la restricción del parrillero hombre en motocicleta y la aplicación del pico y placa para vehículos con placas foráneas. Estas medidas, según lo expresado por los manifestantes, afectan directamente el sustento de cientos de familias que dependen de la movilidad diaria en moto, ya sea como medio de trabajo formal o informal.

Los bloqueos generados en vías clave de la ciudad colapsaron el tráfico, paralizaron sectores enteros y alteraron la vida cotidiana de miles de ciudadanos que no participan directamente de este conflicto. Escenas de tensión y angustia marcaron una jornada que, más allá del caos, puso en evidencia un problema de fondo: la desconexión entre las políticas públicas y las realidades sociales de los sectores populares.

Ante la magnitud de la protesta, la institucionalidad respondió abriendo un canal de participación. Se determinó que los gremios afectados tienen hasta el martes 3 de junio para presentar propuestas concretas ante un juez, quien evaluará si existen alternativas viables a las restricciones impuestas. Este giro es una oportunidad para encauzar el conflicto hacia una solución concertada, pero también deja al descubierto una falta de diálogo previo que pudo evitar que las tensiones escalaran al punto que lo hicieron.

Es urgente que las autoridades comprendan que toda medida que impacte de forma directa el día a día de los ciudadanos debe ser socializada, explicada y, sobre todo, construida con los actores implicados. La seguridad y el orden en la ciudad no pueden lograrse mediante decretos sorpresivos que ignoren el contexto socioeconómico de buena parte de la población. Del mismo modo, los gremios deben asumir su responsabilidad con altura: protestar es un derecho, pero no puede convertirse en un mecanismo de presión que afecte los derechos de los demás.

Bucaramanga no puede seguir siendo rehén del descontento ni del desgobierno. Las soluciones existen, pero requieren voluntad política, sensatez y participación real. Que este episodio no sea solo un capítulo más en la larga historia de enfrentamientos entre la ciudadanía y la institucionalidad. Que sea, más bien, un punto de inflexión para repensar el modelo de ciudad que estamos construyendo: una ciudad más incluyente, dialogante, justa y bonita.

El reto está ahora en manos de todos. Las propuestas que se presenten el próximo martes serán decisivas. Ojalá estén guiadas por el interés común y no por la confrontación estéril. Porque si algo ha quedado claro esta semana, es que cuando no hay escucha ni concertación, el caos termina gobernando.