Resumen
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Mientras en los corrillos callejeros volaba la noticia sobre la providencia judicial que pretende anular la elección del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán Martínez, crece la inconformidad por la maledicencia y la perversidad de sus enemigos en la sombra, que jugaron apuestas para desmontarlo del lugar sagrado de la democracia. Valiente en el ejercicio de la política y archi-enemigo de la delincuencia común, que pretendió convertir a la capital de Santander en una olla del microtráfico, Beltrán Martínez ha librado desde el cabildo de Bucaramanga grandes debates contra la picaresca contratista.
Algunos abogados consultados por el diario EL FRENTE consideran que esta providencia del Tribunal Administrativo de Santander es injusta porque pretende prohibirles a los ciudadanos del común el ejercicio de la democracia, colocando al elector en la condición de ‘idiota útil´ al servicio de camarillas políticas esclavizantes que, por la misma razón, estarían desconociendo las anchurosas avenidas de la segunda instancia.
Conocida la providencia judicial para lo cual y desde ahora, se prepara la artillería pesada que habrá de defender su credencial, es justo pedirle al Congreso de la República que perfeccione el sistema electoral colombiano, para que no se cometan más injusticias. La experiencia de Jaime Andrés Beltrán como exconcejal de Bucaramanga, donde ha sido ejemplo de acrisoladas virtudes ciudadana, constituye una carta de presentación del buen líder de uno de los tantos partidos políticos, que cuenta con la admiración y el respeto de la opinión pública.
Algunos francotiradores, que se amparan en redes sociales con seudónimos, para ocultar como los avestruces su cabeza entre las arenas movedizas de la difamación y la calumnia, estarán soñando que ganaron la perversa batalla jurídica, emprendida desde las antesalas de la delincuencia común, que ha pretendido tomarse a Bucaramanga. Un buen alcalde, que ha merecido el reconocimiento y respeto de la ciudadanía, es víctima de la encrucijada de una conjura criminal, de la que hacen gala los ‘viudos del poder’, que quisieron unos resultados electorales amañados.
Es hora de acabar con esa vagabundería de la llamada ‘doble militancia política’, como si los candidatos a cargos de elección popular tuvieran que pedirle permiso a la Registraduría del Estado Civil para depositar el voto, así hayan tenido el apoyo individual de los ciudadanos con militancia en otras organizaciones electorales. Las elecciones de ganan en las urnas y ninguna autoridad podrá impedir que el ciudadano exprese su legítima voluntad, de acuerdo con el dictado de su conciencia.
