Resumen
El convenio 761 de 2024, firmado entre la Universidad Externado de Colombia y el viceministerio de Política Criminal, habilita plazas para mujeres beneficiarias de la Ley de Utilidad Pública, permitiéndoles trabajo social y formación educativa como parte de su reinserción social.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Durante el XV Congreso Internacional en Política Criminal, organizado por la Universidad Externado de Colombia, el viceministro (e) de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Diego Olarte Rincón, y la decana de Derecho de dicho centro de educación superior, Emilssen González, firmaron el convenio 761 de 2024, el cual habilita dos plazas para mujeres beneficiarias de la Ley 2292 de 2023, más conocida como Ley de Utilidad Pública.
Dicha norma contempla la posibilidad de que un juez de la República otorgue a estas mujeres la posibilidad de realizar trabajo social si son cabeza de familia y han sido condenadas por delitos relacionados con hurto o estupefacientes, cuya condena no sea superior a ocho años de prisión y que hayan cometido el delito en condiciones de marginalidad.
En este contexto, la Universidad Externado de Colombia ofrece un proyecto restaurativo para las mujeres beneficiarias en su Centro de Investigación en Política Criminal, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades y habilidades de estas personas para promover su autonomía.
El proyecto cuenta con varias fases, entre ellas, una de formación en autonomía y procesos restaurativos, y una más de contribución y apoyo a diversas actividades y proyectos restaurativos que desarrolla el mencionado Centro de Investigación. Las actividades están relacionadas con promoción de la cultura y la educación, y comprenden alfabetización y apoyo a bibliotecas públicas o promoción cultural.
El viceministro (e) de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Diego Olarte Rincón, señaló que a la fecha hay 81 mujeres beneficiarias de la ley de Utilidad Pública, y que de estas, cuatro ya terminaron de cumplir su pena. "Tenemos actualmente 23 convenios suscritos con aliados en todo el país y esperamos que estas plazas habilitadas en la ciudad de Bogotá les sirvan a las mujeres beneficiarias para que puedan encontrar mayores posibilidades de reinserción social", aseguró.
Este tipo de convenios avanzan en la ruta de generar oportunidades a mujeres privadas de la libertad a través de servicios comunitarios o de utilidad pública, como reparación a sus delitos. El nuevo convenio tiene la particularidad de que, por primera vez, se ofrecen plazas que presentan componentes educativos como servicio comunitario.
