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Cuando lo público le importa un carajo a los funcionarios...

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Resumen

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Por: Ingeniero Ismael Orozco S. Un periódico local pretende alarmar porque se han robado elementos de las estaciones de Metrolínea por un valor, que ellos anuncian, en $ 16.000 millones. El calvario recorrido por esa empresa pública, desde su creación, ha sido tormentoso.

Gerentes haciendo contratos que posteriormente son mal liquidados, generando acciones de repetición contra ellos, que nunca pagan. Vaya usted a saber por qué. Gerentes que no cobraban impuestos a los Concesionarios (Pro-anciano, Pro-Cultura y Previsión Social) y otros que contrataron construcción de portales con espacio suficiente para paquear todos los buses del Sistema, pero que prefieren pagar parqueo privado por $120 millones mensuales en otro lugar (Anillo Vial). Y también hay quienes contrataron construcción de portal para servicio de buses que no llegan (Girón), pero que si demanda pagar celaduría y mantenimiento.

Pero el tema de hoy son las estaciones afectadas o robadas. Un total de 11 casi desaparecidas, de las 17 existentes. Creemos que ha llegado el momento de comprar el candado que tanto nos anunciaron en campaña. También debe servir para cuidar los bienes públicos y no solo para fastidiar inmigrantes venezolanos.

La información conocida, dice que entre los meses de marzo y noviembre de 2.023 se presentó el desvalijamiento de las estaciones. Nosotros preguntamos si no hubiera sido más conveniente contratar con una firma de vigilancia privada el servicio de “recorredores” (vigilancia privada durante 24 horas, por parte de personal que recorriera en moto todo el circuito entre Piedecuesta y Bucaramanga, para alertar.)

Nos dicen que ese servicio tiene un estimado de $15 millones mensuales. Se hubiera pagado $150 millones, durante los diez meses mencionados y no perdido $16.000 millones.

La siguiente pregunta es: ¿Tienen contratado una póliza para cubrir vandalismo y desvalijamiento?

Señor alcalde: Estamos enterados que Metrolínea está en proceso de liquidación y que hay diferentes conceptos para hacerlo. Que no hay plata para pagar lo que se debe y que para escurrir el bulto puede “conejearse” a los acreedores, negándose a pagarles y que ellos se queden con escritorios, papelería y teléfonos del ente gestor, dado que los carriles exclusivos y portales- particularmente esos bienes del Estado- son inembargables-. Tesis de la Administración saliente.

La comisión de empalme que usted delegó, ha debido informarle que en la solo deuda con el concesionario de Papi Quiero Piña, se registró en su momento, un pendiente por $145.256.692.383. Que los intereses de mora se pactaron en DTF más 5 % sobre saldos. Todo eso se debe desde 2.016.

También sabemos de su propuesta de reemplazar los buses Diésel por eléctricos, pero no sabemos si usted está enterado que la tipología de buses padrones que cubrían la ruta Piedecuesta- Bucaramanga (45 de ellos), parece ya no están disponibles en el mercado. Solamente hay articulados y alimentadores. Los articulados no podrán parar en muchas de las estaciones (las de un solo vagón) que se reconstruyan, por el inconveniente de longitudes.

Pero no está por demás hacerle notar que, si solamente se cambian los buses, pero no el modelo de contratación, el próximo alcalde estará enfrentando las mismas dificultades que hoy usted enfrenta.

Tampoco sobra observarle que los buses eléctricos requieren “linieras” o cableado para recargas. Que esas recargas deben ser rápidas (350 KW) para que el proceso sea eficiente, para los muchos buses.

Igualmente debe saber que el costo de cada liniera supera el orden de los 100.000 dólares, que sumados a las bus-estaciones, redes y demás acondicionamientos, termina siendo una suma considerable que no se ha dicho quien la aportará. ¿Acaso la Electrificadora, que asegura un negocio, el Gobierno Central o los Municipios?

Nuestra preocupación, como veedores ciudadanos, radica en que al final los contribuyentes terminamos pagando todos los platos rotos, sin haber tenido la oportunidad debida de utilizarlos.

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