Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Hace medio siglo los Senadores y Representantes a la Cámara solamente devengaban sueldos durante tres meses al año y cada uno de ellos apenas disponía de una secretaria, un chofer y un ujier para que llevara la correspondencia desde el Capitolio Nacional de Colombia hasta su destinatario final. La nueva Constitución Nacional promulgada en 1991 por el expresidente César Gaviria Trujillo creó las denominadas ‘Unidades Legislativas’, cada una de las cuales dispone de diez cargos bien remunerados, cuyo su sostenimiento le cuesta al país alrededor de setenta millones de pesos mensuales por cada parlamentario, más cuarenta y siete millones de pesos que devenga el respectivo congresista.
Es decir, que cada congresista colombiano le cuesta a la nación alrededor de ciento cuarenta millones de pesos mensuales, una cifra escandalosa que en varias ocasiones se ha intentado reducir, para evitar el irritante escándalo de unas asignaciones extravagantes. Un congresista de Colombia devenga alrededor de TREINTA SALARIOS MINIMOS MENSUALES, lo cual despierta el odio y las envidias de sectores humildes y de la clase media económica que escasamente devenga en un año lo que los parlamentarios devengan en un mes.
El senador santandereano Jota Pe Hernández, que nació en el barrio Morrorrico de Bucaramanga, en medio de las mayores limitaciones económicas y que ahora está considerado como un parlamentario estrella, con ganas de ser candidato presidencial, presentó hace dos años un proyecto de ‘acto legislativo’, de doble trámite en las comisiones primeras de senado y cámara, con doble vuelta en las sesiones plenarias de las dos cámaras, había logrado convencer a la mitad de los congresistas sobre la necesidad de colocarle un dique al derroche económico de la rama legislativa del poder público.
Fue valiente en la exposición de motivos, porque la opinión pública ha seguido reclamando una modificación del sistema parlamentario de Colombia, pero a la hora de darle la segunda vuelta a esta iniciativa en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, -- donde se ubican los expertos en derecho constitucional --, aparecieron algunos de sus colegas colocando talanqueras para reducir a veinticinco salarios mínimos las asignaciones de los ‘honorables padres de la patria’, algunos de ellos dedicados a los negocios privados para enriquecerse y muy poco para interpretar los intereses del pueblo colombiano, que termina odiándolos.
Con el pretexto de que podían incurrir en ‘interés indebido’, no fue posible conseguir el voto de los dos terceros partes, como ordena el reglamento del Congreso de la República, cuanto se tramitan actos legislativos, reformatorios de la Constitución Nacional. A Jota Pe Hernández le llovieron rayos y centellas porque según algunos congresistas neófitos, dicen que no les alcanzan los cuarenta y siete millones de pesos que devengan mensualmente cada uno de los padres de la patria.
El Congreso de la República no quiere reformarse, porque sus abultadas asignaciones les permiten un incremento de su patrimonio económico mientras los electores se quedan en provincia esperando que haya una nueva dirigencia política en el país, que tenga la dignidad de auto-reformarse.
