Resumen
El cese al fuego bilateral entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) finalizó el 3 de agosto, poniendo en pausa los diálogos de paz. El ELN exige ser retirado de la lista de Grupos Armados Organizados como condición para continuar con el cese al fuego.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
El cese al fuego bilateral entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) llegó a su fin a la medianoche del 3 de agosto, dejando en suspenso los diálogos de paz. La medida, instaurada a través del decreto 1117 del 5 de julio de 2023, fue una pieza clave en los esfuerzos del presidente Gustavo Petro por alcanzar la paz total en el país. Sin embargo, la guerrilla del ELN ha planteado una condición que ha sido calificada como absurda para continuar con las negociaciones.
Alias Antonio García, máximo jefe del ELN, ha criticado fuertemente al Gobierno, cuestionando su seriedad y compromiso con el proceso de paz. A pesar de los intentos del Gobierno por prorrogar el cese al fuego, los miembros del ELN rompieron la comunicación, permitiendo que el plazo expirara sin llegar a un acuerdo.
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Durante el periodo de cese al fuego, la actividad delictiva del ELN continuó, socavando los beneficios esperados y permitiendo a la guerrilla fortalecerse mientras las Fuerzas Militares estaban restringidas en sus acciones. La ruptura de las conversaciones se agravó cuando el comisionado de Paz, Otty Patiño, decidió abrir una mesa regional con el frente Comuneros, una disidencia del ELN en Nariño, lo que fue interpretado por el Comando Central del ELN como un incumplimiento del acuerdo.
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Los esfuerzos de mediación por parte de la ONU y la Iglesia Católica no lograron reactivar el diálogo. En la mañana del 3 de agosto, el ELN emitió un comunicado exigiendo ser retirado de la lista de Grupos Armados Organizados (GAOr) como condición para continuar con el cese al fuego, una demanda que ha sido rechazada por figuras políticas y expertos.
José Félix Lafaurie, negociador del Gobierno, calificó la petición del ELN como extorsiva e inadmisible, destacando que cumplirla violaría la ley colombiana y los protocolos internacionales. La senadora María Fernanda Cabal también se pronunció en contra, instando al Gobierno a mantenerse firme y rechazar las presiones del ELN, argumentando que ceder a sus demandas pondría en riesgo la seguridad nacional y traicionaría la memoria de las víctimas de la guerrilla.
