Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Los gobernadores del país han manifestado su preocupación ante la reducción del presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR) proyectado para el bienio 2025-2026, señalando que esta medida pone en riesgo la financiación de programas esenciales para el desarrollo de los departamentos. Entre las áreas afectadas se encuentran la alimentación y el transporte escolar, la vivienda, y otros proyectos vitales para el bienestar de los colombianos.
Los mandatarios exigen mayor claridad y transparencia en la formulación del presupuesto, pidiendo explicaciones sobre cómo se calculan los recursos destinados a los territorios. En su llamado, han instado a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y a la Agencia Nacional de Minería a que revelen las fórmulas utilizadas para proyectar los ingresos por regalías. Asimismo, solicitan la intervención de la Contraloría General de la República para garantizar un seguimiento riguroso en el proceso.
La reducción del presupuesto del SGR, considerada injustificada por los gobernadores, afecta directamente el cumplimiento de las metas establecidas en los planes de desarrollo de los departamentos y municipios, generando un impacto negativo en el progreso socioeconómico de las regiones. Además, los mandatarios denuncian que las nuevas normativas limitan aún más la autonomía de los entes territoriales en la gestión de los recursos de regalías, lo que incrementa la insolvencia de las entidades.
Frente a esta situación, los gobernadores subrayan la necesidad de asegurar una correcta articulación entre el Gobierno Nacional, los mandatarios locales y departamentales, y el Congreso de la República. Esto es clave para garantizar la estabilidad en la inversión social y el desarrollo sostenible de las regiones.
En este contexto, los gobernadores presentarán ante el Legislativo sus observaciones y propuestas con el objetivo de ajustar el presupuesto del SGR para el próximo bienio, buscando que se adapte a los desafíos económicos y sociales que enfrentan los territorios, y que asegure la continuidad de los proyectos de inversión que son cruciales para las comunidades.
