Resumen
Investigadores de la Universidad de América revelan que el éxito en la incautación de cocaína en Colombia ha llevado a una crisis económica para familias campesinas, al reducir la demanda de hoja de coca. Proponen reforzar el Desarrollo Alternativo y mejorar infraestructura como solución.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Académicos de la Universidad de América. La Universidad de América, comprometida con el análisis y la reflexión sobre los grandes desafíos sociales del país, presenta una investigación académica que pone en evidencia una paradoja en la política antidrogas del Gobierno colombiano.
Este estudio, realizado por los profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de UAmérica, Juan Carlos Meza Martínez, Danny Miguel Rebolledo Castillo y José Román González Rodríguez, analiza cómo las comunidades campesinas de Norte de Santander, Putumayo y Nariño enfrentan una situación crítica derivada de los avances en la lucha contra el narcotráfico.
Mientras el Ministerio de Defensa reporta con satisfacción un aumento del 31% en las incautaciones de cocaína durante 2024, los campesinos que antes dependían de los cultivos ilícitos de coca como fuente de ingresos se ven atrapados en un ciclo de pobreza e incertidumbre. A pesar de que la política antidrogas actual ha decidido no perseguir a las familias campesinas, enfocándose en la destrucción de laboratorios y la interdicción de cargamentos, el efecto colateral ha sido una dramática reducción en la demanda de hoja de coca, afectando directamente la economía local de miles de hogares campesinos.
La paradoja de los cultivos ilícitos
El estudio realizado por los investigadores de la Universidad de América revela que el éxito en la incautación de clorhidrato de cocaína ha generado una disminución en la demanda de hoja de coca, principal sustento de estas comunidades rurales. Lo que alguna vez fue una actividad rentable ha dejado de serlo, sumiendo a miles de familias en una crisis económica sin precedentes. "Las organizaciones narcotraficantes han reducido la compra de hoja de coca, y esto ha afectado profundamente a las familias campesinas, quienes ahora enfrentan una situación económica crítica", explica Juan Carlos Meza, uno de los autores del estudio.
La investigación incluye entrevistas con líderes comunitarios de las zonas afectadas, quienes manifestaron su preocupación por el futuro de sus comunidades. La falta de infraestructura básica, como vías terciarias para facilitar el transporte de productos agrícolas, y la escasa presencia institucional del Estado han complicado la posibilidad de que los campesinos puedan hacer una transición exitosa hacia cultivos lícitos.
Desarrollo alternativo: ¿una solución viable?
Ante este escenario, los investigadores de la Universidad de América ven en el Desarrollo Alternativo una oportunidad clave para mejorar las condiciones de vida de estas comunidades.
Sin embargo, señalan que la falta de un enfoque integral en las políticas públicas ha limitado el éxito de este programa. "La sustitución de cultivos ilícitos, aunque prometedora en teoría, no ha logrado ser una solución real para los campesinos debido a la falta de apoyo en comercialización de productos, asistencia técnica y, sobre todo, infraestructura que permita una salida eficiente de sus cosechas", comenta José Román González Rodríguez, otro de los autores.
Los resultados del estudio sugieren que es necesario un replanteamiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y una mayor inversión en proyectos que realmente ayuden a los campesinos a transitar hacia economías legales. Entre las recomendaciones, se encuentra la construcción de vías terciarias y la implementación de tecnologías agrícolas que hagan viable y rentable la producción de alimentos en estas zonas.
Llamado desde la academia al gobierno
La Universidad de América, a través de su Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, hace un llamado al Gobierno Nacional para que considere las recomendaciones surgidas de esta investigación. Los académicos insisten en que las políticas de interdicción y destrucción de laboratorios deben estar acompañadas de un sólido apoyo a las comunidades campesinas para garantizar una transición real y sostenible hacia economías lícitas.
"La política antidrogas necesita un enfoque integral que no solo combata el narcotráfico, sino que también brinde soluciones a las comunidades más vulnerables que dependen de los cultivos ilícitos para su supervivencia", enfatiza Danny Miguel Rebolledo Castillo, quien participó en la investigación.
La Universidad de América, con su enfoque en la investigación aplicada y el análisis crítico de los problemas más urgentes del país, reitera su compromiso con el desarrollo de soluciones que beneficien a la sociedad colombiana. Esta investigación no solo ofrece un diagnóstico profundo de la situación actual, sino que también propone medidas concretas que podrían mejorar las condiciones de vida en las regiones afectadas.
"La academia tiene un rol fundamental en la formulación de políticas públicas que realmente atiendan las necesidades del país. A través de investigaciones como esta, buscamos aportar nuevas perspectivas y contribuir al desarrollo de estrategias más eficaces y humanas", concluyen los investigadores.
