Resumen
La Alcaldía de Bucaramanga niega tener vínculos con las fundaciones involucradas en asesinatos y torturas en centros de rehabilitación. Asegura que no había contratos formales y que su papel se limitó a asistir a víctimas. Además, exhorta a la comunidad a denunciar irregularidades.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
"Alcaldía de Bucaramanga niega vínculos con fundaciones involucradas en muertes y torturas"
Ante el reciente escándalo que sacude a la ciudad por la presunta participación de centros de rehabilitación en múltiples homicidios y casos de maltrato, la Alcaldía de Bucaramanga ha emitido un comunicado oficial deslindándose de cualquier responsabilidad.
Iván Darío Torres (foto), secretario de Desarrollo Social de la ciudad, afirmó que ninguna de las seis fundaciones implicadas en el caso mantenía un contrato formal con la administración municipal. "Estas instituciones operaban por fuera de cualquier vínculo contractual con la Alcaldía", aseguró el funcionario.
Torres explicó que las acciones de la administración se limitaron a brindar asistencia a las víctimas, trasladándolas a centros médicos y facilitando su reunificación con sus familias. "Nuestro deber fue garantizar la seguridad y el bienestar de las personas que se encontraban en una situación vulnerable", indicó.
La Alcaldía recordó que, en el transcurso de este año, ya había intervenido y cerrado otros centros de rehabilitación que presentaban irregularidades similares, demostrando su compromiso con la protección de los ciudadanos. "En meses anteriores, se intervinieron y cerraron dos centros en la calle 41 con Carrera 15 y en el barrio El Jardín", detalló Torres.
Finalmente, el secretario hizo un llamado a la comunidad a denunciar cualquier irregularidad que detecten en estos centros. "Invitamos a los ciudadanos a reportar cualquier situación sospechosa para que las autoridades puedan actuar de manera oportuna", concluyó.
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación reveló detalles escalofriantes sobre el modus operandi de esta red criminal, que habría sometido a sus internos a torturas, abusos sexuales y condiciones infrahumanas. Las autoridades capturaron a 21 personas en diferentes ciudades del país, quienes enfrentarán cargos por homicidio, tortura y otros delitos graves.
Este caso ha generado conmoción en la ciudad y ha puesto en el centro del debate la necesidad de fortalecer los controles sobre este tipo de instituciones y garantizar la protección de las personas más vulnerables.
