Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Por: Antonio José Díaz Ardila
Previos debates jurídicos, culturales, arquitectónicos y urbanísticos, que motivaron la suspensión, por parte del Ministerio de Cultura en 2017, del Edificio Acuarela de Cartagena, que terminó demolido en semanas anteriores y ha sido una gran noticia para los colombianos que se haya logrado liberar el país de este lastre en que se convirtió este construcción ilegal de treinta y dos pisos, que violó todo tipo de normatividad internacional, nacional y municipal, pero que había logrado gestionar ilegales permisos del Curador Urbano, de las autoridades municipales y con base en ellas, retó a los colombianos con poderosas demandas de prestigiosas firmas de abogados.
Por fortuna la demolición, que se inició el pasado 22 de marzo de 2024 por parte de la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar (Edurbe), se llevó a cabo de forma ordenada, con especial atención a la seguridad y con total rigor jurídico. En resumen, un ejemplar proceso sin prisa, pero sin pausa.
Esta obra se había convertido en un reto de los constructores ilegales contra la normatividad urbana y el Estado de Derecho, apoyándose los infractores en reputadas firmas de abogados, especializados en defender a quienes cometen este tipo de fechorías, que suelen ser empresas y personas poderosos que tradicionalmente han actuado por encima de las leyes.
Seguimos con enorme interés en los medios de comunicación y durante varios años, los procesos jurídicos de más alto nivel, que pusieron en jaque a las entidades de Gobierno encargadas de orientar el desarrollo urbano y de definir los criterios consignados en los Planes de Ordenamiento Territorial y demás normas. En este caso puntual, se puso en peligro la primera y más importante declaratoria de la UNESCO en Colombia, que estableció que los fuertes, murallas y demás obras de defensa de Cartagena, fueran consideradas Patrimonio de la Humanidad en 1982.
El caso Acuarela de Cartagena debe ser estudiado y puesto como ejemplo que la legalidad en Colombia no puede claudicar ante los traficantes de permisos y que para ello es necesario que haya una coordinación, por una parte, de los ciudadanos, que exijamos el cumplimiento de las normas y que las autoridades demuestren un verdadero interés en lograrlo. Lamentablemente desde hace décadas, con los alcaldes elegidos popularmente, ellos han descuidado su papel de control y orden, de autoridad policiva, y prefieren orientar sus esfuerzos a complacer a sus votantes, con la esperanza de incrementar su caudal político.
Bucaramanga lleva décadas de tolerancia en el uso abusivo del espacio público, hoy abusivamente ocupado por particulares, con parqueo de carros y motos, mercancía que sacan los locales comerciales y la más común, los vendedores informales que se apropia de esos espacios para su lucro personal.
En Bucaramanga se observa principalmente en el Paseo del Comercio, Calle 35 carreras 15 a 19, pero no es un caso aislado, los alrededores del Centro Comercial Cabecera y las Plazas de Mercado igualmente claman que las autoridades cumplan con el deber y los ciudadanos les exijamos su cumplimiento.
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