¿Qué les pasó señores concejales?

La primera vez que vi al exalcalde Luis Francisco Bohórquez fue en marzo del 2011 en el municipio de Barichara. Estaba acompañado de Luis José Jaimes Trillos, el exalcalde de Villanueva, también llamado a juicio por hechos de corrupción.

Como es lógico, nadie hubiese podido pensar en ese momento que a quien tenía enfrente era el político que iba a representar uno de los casos más sonados de corrupción en el departamento y quien se convertiría en el saco de boxeo que, años después, utilizaría Rodolfo Hernández como instrumento para llegar a la alcaldía de la ciudad y cimentar su campaña a la presidencia de la República. Muchos de quienes hoy se mueven en la política local tuvieron una estrecha relación con Bohórquez. Unos la reconocen, algunos guardan silencio y otros la intentan ocultar por todos los medios posibles. Junto a ellos están sus contradictores y, sobre todo, sus malquerientes, que son, en últimas, los que celebran a rabiar su condena en primera instancia.

Quienes hemos denunciado hechos de corrupción a lo largo de los años registramos con beneplácito la finalización de las instancias legales en un país donde los procesos judiciales cada día se vuelven más eternos. Pero, al analizar las cosas con calma, hay que reconocer que la sentencia proferida por el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bucaramanga es el comienzo de la segunda instancia que se avecina para el exmandatario.

Las labores investigativas de este caso las llevó a cabo el Fiscal Octavo Seccional y Coordinador de Delitos contra la Administración Pública, Cornelio Andrés Rodríguez Hernández, un funcionario de carrera que ha venido cumpliendo, como corresponde, con su labor al interior de la Fiscalía. Pero sus batallas no las ha dado solo, porque detrás de él hay todo un equipo de trabajo que le ha dado las bases para llegar a la finalización de esta investigación, a quienes también deberían dirigirse los aplausos de la ciudadanía. Pero de ahí a exaltar el cumplimiento legal de sus funciones con una orden de reconocimiento en el Concejo Municipal es completamente prematuro e inapropiado.

Lo que aprobaron los concejales (teniendo la convicción de que lo hicieron mal) es una peligrosa anticipación de una victoria judicial que aún no es definitiva. Celebrar en este momento esa sentencia en la Corporación no solo podría interpretarse como una interferencia en la independencia del proceso, sino también como un mensaje que compromete la percepción pública sobre la imparcialidad de la justicia.

La justicia, que por naturaleza debe ser equilibrada y prudente, no puede permitirse gestos que, aunque bienintencionados, proyecten sombras de duda sobre su proceder. Por eso, estoy seguro de que el fiscal Rodríguez declinará este homenaje, porque no va a cometer el error de permitir que los actos políticos terminen afectando la seriedad de su carrera judicial. ¡Se equivocaron, concejales!