Variante San Gil: el monumento al abandono que volvió a dejar a Santander viendo promesas

La cancelación de la licitación para concluir la Variante de San Gil no solo representa un nuevo retraso administrativo en una obra pública. Para Santander, significa otra bofetada de ese viejo libreto donde Bogotá promete desarrollo, corta cintas imaginarias, anuncia recursos “históricos” y luego desaparece entre excusas técnicas, líos jurídicos y presupuestos evaporados. Una vez más, el departamento confirma que cuando las disputas políticas entre mandatarios regionales y el poder central se convierten en deporte institucional, los ciudadanos terminan pagando el peaje más caro: décadas de atraso.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Durante años, Santander ha cargado con una sensación repetida de castigo silencioso desde el nivel central. No es una narrativa nacida del capricho regionalista, sino del historial de proyectos estratégicos aplazados, recortados o convertidos en laberintos burocráticos. La Variante de San Gil es quizá el caso más grotesco de esa tragedia. Lo que durante más de cuatro décadas fue una necesidad urgente para sacar el tráfico pesado del casco urbano, reducir accidentes y modernizar un corredor vital entre Bogotá y Bucaramanga, terminó convertido en un escaparate nacional de improvisación, desgaste político y recursos enterrados sin resultados.

La historia es tan larga como indignante. Tras años de reclamos por el peligroso paso de tractomulas y carga pesada por el centro de San Gil, especialmente luego de accidentes graves que elevaron la presión ciudadana, el Gobierno Nacional abrió en 2017 una licitación para construir una variante de 9,6 kilómetros.

El contrato fue adjudicado en 2018 a la firma Concay por cerca de 184 mil millones de pesos. La promesa sonaba robusta: intersecciones, viaductos, puentes, conectividad y una solución definitiva para uno de los cuellos de botella más peligrosos de Santander.

Ocho años después, el balance parece escrito por un arquitecto del absurdo: más de 190 mil millones de pesos invertidos, apenas un avance cercano al 42 por ciento, tramos inconclusos, estructuras sin funcionalidad plena, predios comprometidos, comunidades afectadas, puentes que no conectan soluciones reales y una fecha de entrega que debía cumplirse en enero pero quedó enterrada bajo la misma montaña de incumplimientos oficiales.

La escena resulta casi caricaturesca si no fuera tan costosa. Obras levantadas que “no conectan con nada”, según denuncias de la veeduría de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Infraestructura parcial que permanece como un esqueleto de concreto en una región que sigue viendo cómo el tráfico pesado atraviesa su corazón urbano. Lo que debía ser símbolo de progreso hoy parece más cercano a un museo del abandono estatal.

Una vitrina, pero vacía

La veedora Marcela Gualdrón fue más directa que cualquier boletín oficial: el Gobierno anunció recursos “con bombos y platillos”, pero en la práctica no existían las vigencias futuras necesarias para garantizar la ejecución. Dicho en lenguaje menos diplomático: hubo anuncio, hubo propaganda, hubo expectativa... pero no había plata asegurada.

Y allí aparece el patrón que Santander conoce demasiado bien. Gobiernos nacionales de distintos colores políticos, desde administraciones anteriores hasta la actual, han usado la infraestructura regional como vitrina de campaña o terreno de confrontación. Cada administración parece llegar con una “solución definitiva”, pero cuando cambian las prioridades o surgen choques políticos con liderazgos locales, Santander vuelve a quedar atrapado en el archivo de los proyectos pendientes.

¿No hubo recursos o falto voluntad política?

Ahora, bajo el gobierno de Gustavo Petro, la cancelación del proceso licitatorio revive esa vieja herida. Invías sostiene que no se trata de una cancelación definitiva del proyecto, sino del descarte de un proceso preliminar en SECOP II por falta de aprobación de vigencias futuras extraordinarias en 2025 y problemas de seguridad jurídica relacionados con la licencia ambiental, actualmente en controversia judicial bajo responsabilidad del contratista de fase uno.

La explicación técnica puede ser jurídicamente válida. Pero políticamente, para miles de santandereanos, suena a otra versión del mismo libreto nacional: la carretera puede esperar.

Porque mientras Bogotá enumera obstáculos legales, San Gil sigue soportando carga pesada en su zona urbana, riesgos de accidentalidad y una economía regional frenada por una obra que parece condenada a reiniciarse con cada gobierno. La diferencia entre el lenguaje institucional y la realidad territorial es brutal: para el Estado, son “vigencias futuras extraordinarias”; para la ciudadanía, son años de vida perdidos entre trancones, accidentes y promesas recicladas.

La Variante de San Gil también expone otro problema estructural: la fragilidad con la que muchos gobernantes regionales convierten sus tensiones políticas con la Casa de Nariño en disputas públicas cuyo costo termina recayendo sobre los territorios. Santander ha vivido demasiadas veces esa lógica de pulso político donde la infraestructura parece rehén de egos institucionales. Cuando alcaldes, gobernadores o dirigentes privilegian la confrontación mediática sobre la gestión estratégica, y cuando el Gobierno Nacional responde con indiferencia o castigo burocrático, el resultado no lo sufre el político. Lo sufre la región.

El caso resulta todavía más doloroso por tratarse de Santander, históricamente motor económico, empresarial y turístico, pero con una deuda persistente en inversión nacional vial. La sensación de abandono no es solo presupuestal, también simbólica: una región clave que con frecuencia siente que debe mendigar por obras que deberían ser prioridad nacional.

Así el viaducto Las Lajas, las intersecciones prometidas, el empalme hacia Barichara y la descongestión de San Gil siguen atrapados entre expedientes, litigios y discursos de compromiso. Mientras tanto, el proyecto ya carga con todos los síntomas del elefante blanco colombiano clásico: inversión multimillonaria, avances parciales, cronogramas rotos, contratistas cuestionados y comunidades exhaustas.

En todo caso, esta nueva suspensión deja una certeza amarga: en Colombia, algunas regiones no solo luchan contra la geografía. También deben sobrevivir a la desmemoria política de un Estado que suele llegar tarde, mal... o simplemente no llegar.