Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La estación Ricaurte de Transmilenio en el centro de Bogotá ha sido denunciada por servir como punto de almacenamiento y distribución de psicoactivos, con la colaboración indirecta de los vendedores ambulantes que ocupaban el túnel. Aunque los vendedores no participaban directamente en el tráfico de drogas, su presencia obstaculizaba los operativos de control y búsqueda realizados por las autoridades, según informes de medios locales.
Transmilenio tomó la decisión de desalojar a los vendedores informales a principios de noviembre, como parte de su estrategia para "recuperar el espacio público". La medida incluyó la instalación de cintas delimitadoras en el túnel de la estación y la presencia de personal de seguridad para garantizar que no se obstaculizara la circulación de los usuarios. Esta acción provocó algunas protestas, lo que afectó el servicio en estaciones cercanas sobre la troncal de la NQS.
A pesar de las críticas, la directora de seguridad de Transmilenio, Nathalia Tinjacá, defendió la intervención, señalando que el desalojo era necesario para mejorar la movilidad y la seguridad en una de las estaciones más transitadas de la ciudad, que recibe más de 2.500 usuarios por hora. Además, Tinjacá destacó que la medida estaba alineada con los protocolos de emergencia del sistema para controlar el exceso de carga y mejorar la accesibilidad.
El problema de los estupefacientes en el túnel de Ricaurte refleja una situación compleja en la que la presencia de vendedores informales se convertía en un obstáculo para las autoridades encargadas de combatir el narcotráfico en la capital. Aunque los vendedores no estaban directamente involucrados en la venta de drogas, su ubicación dificultaba las tareas de control y mantenía una situación de riesgo en la estación, la de mayor superficie en Bogotá.
