¿Y la vía Bucaramanga – San Gil para cuándo?

La situación del corredor vial que conecta a Bucaramanga con San Gil volvió a encender las alarmas institucionales. La Procuraduría General de la Nación intensificó su vigilancia preventiva sobre la Ruta Nacional 45A y exigió respuestas al Instituto Nacional de Vías, Invías, frente al deterioro de varios puntos de esta carretera estratégica para Santander.

El llamado del Ministerio Público llega en medio de las preocupaciones de comunidades y transportadores por las condiciones de transitabilidad, la atención de emergencias y el cumplimiento de compromisos que las entidades responsables han adquirido en diferentes mesas de diálogo.

Uno de los principales focos de la vigilancia está ubicado en el PR 53 del corredor Bucaramanga-San Gil, donde se presentan procesos de socavación, pérdida de banca e inestabilidad del terreno.

Ante esta situación, la Procuraduría solicitó a Invías información precisa sobre el estado de la emergencia, las medidas de mitigación implementadas, los recursos ejecutados y las obras que están previstas para recuperar las condiciones de seguridad de la carretera.

Los propios registros oficiales de Invías muestran que el corredor 45A07, correspondiente al sector San Gil-Bucaramanga, ha enfrentado históricamente emergencias asociadas con pérdida de banca y otros fenómenos que han obligado a establecer restricciones a la circulación.

El sistema de información vial de Invías, además, contempla dentro de sus categorías de sitios críticos fenómenos como hundimientos de la subrasante, pérdida de banca y procesos de remoción en masa, precisamente algunos de los riesgos que afectan la red vial de Santander.

La intervención de la Procuraduría no se limita a la emergencia del PR 53. El organismo de control está verificando el cumplimiento de los compromisos adquiridos durante las mesas de diálogo con las comunidades y el sector transportador.

En la lupa quedaron los avances físicos y financieros de las obras, los cronogramas de ejecución, las tarifas diferenciales de los peajes, el estudio socioeconómico relacionado con una eventual reubicación del peaje de Saboyá y la conformación y funcionamiento de mesas técnicas.

El mensaje del Ministerio Público apunta a un problema que va más allá del estado del pavimento: las comunidades y quienes utilizan diariamente este corredor necesitan conocer qué obras se están ejecutando, cuánto dinero se ha invertido, cuáles son los plazos y, sobre todo, cuándo estarán resueltos los puntos que representan riesgos para los usuarios.

¿Y qué pasó con la

atención de emergencias?

Otro asunto que preocupa a la Procuraduría es la suspensión del Servicio de Atención al Usuario, SAU. El organismo de control pidió a Invías explicar las razones que llevaron a suspender este servicio y precisar cuáles son las alternativas actualmente disponibles para responder ante accidentes, derrumbes, pérdida de banca, obstáculos sobre la carretera y demás emergencias que puedan presentarse.

La inquietud adquiere especial importancia en un corredor donde las condiciones geológicas y climáticas han generado históricamente afectaciones. Los registros de Invías documentan emergencias por movimientos en masa y pérdida de banca en diferentes sectores de la red vial santandereana, situaciones que pueden derivar en cierres parciales o totales.

Para la Procuraduría, la atención de estas situaciones no puede quedar en anuncios ni en compromisos sobre el papel. La seguridad de los viajeros exige capacidad de reacción, señalización adecuada, mantenimiento y obras oportunas.

La Bucaramanga-San Gil es uno de los corredores fundamentales para la movilidad de Santander y para la conexión de Bucaramanga con buena parte de la provincia y del sur del departamento. Por esta vía se movilizan pasajeros, productos agrícolas, mercancías y vehículos de carga, de manera que cada restricción o deterioro termina teniendo consecuencias económicas y sociales que van mucho más allá del punto específico donde aparece el daño.

La propia información oficial de Invías identifica el corredor 45A07 como el tramo San Gil-Bucaramanga, dentro de la red nacional. La preocupación aumenta cuando una emergencia localizada se prolonga en el tiempo o cuando las soluciones definitivas son reemplazadas por intervenciones provisionales. En esos escenarios, el riesgo para los usuarios puede aumentar y los costos terminan trasladándose a transportadores, productores y viajeros.

Por eso, la Procuraduría anunció que mantendrá el seguimiento preventivo hasta obtener respuestas sobre las obras, los recursos, los cronogramas, la atención de emergencias y los compromisos pendientes.