¡12 años fuera del servicio público! Procuraduría destituyó a exdirector del Banco Inmobiliario de Floridablanca por acoso sexual
La Procuraduría destituyó e inhabilitó por 12 años al exdirector del BIF, Julio César González García, tras hallarlo responsable de acosar sexualmente a una funcionaria.
La Procuraduría destituyó e inhabilitó por 12 años al exdirector del BIF, Julio César González García, tras hallarlo responsable de acosar sexualmente a una funcionaria.
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Una sanción que lo dejará por fuera del servicio público durante 12 años fue impuesta por la Procuraduría General de la Nación contra Julio César González García, exdirector del Banco Inmobiliario de Floridablanca (BIF), tras encontrarlo responsable disciplinariamente por acosar de manera reiterada a una funcionaria de la entidad.
La decisión, anunciada este viernes 13 de noviembre, también contempla su destitución del cargo que desempeñaba en la institución, luego de que el organismo de control comprobara comportamientos que vulneraron los deberes de respeto y rectitud que deben caracterizar el ejercicio de la función pública.
De acuerdo con la investigación disciplinaria, González García habría utilizado su posición de autoridad y superioridad jerárquica para acosar a una subordinada, mediante expresiones e insinuaciones de contenido sexual que no contaban con su consentimiento.
Los hechos habrían ocurrido durante dos etapas de su trayectoria en el Banco Inmobiliario de Floridablanca: primero, cuando se desempeñaba como secretario general y administrativo, y posteriormente, durante su gestión como director general.
Lenguaje vulgar y expresiones contra la funcionaria
La Procuraduría también estableció que el exfuncionario utilizó palabras deshonrosas y vulgares para referirse a la trabajadora, una conducta que fue considerada contraria a los principios que deben orientar el comportamiento de los servidores públicos.
En el fallo de primera instancia, el Ministerio Público calificó la falta como gravísima, cometida a título de dolo, al considerar que González García desconoció el principio de moralidad administrativa y sus obligaciones como funcionario.
La decisión representa una sanción de destitución e inhabilidad general por 12 años, que le impide ejercer funciones públicas durante ese periodo, conforme a los efectos de la sanción.
El caso vuelve a poner bajo la lupa el comportamiento de quienes ocupan cargos de dirección en las entidades públicas y la responsabilidad que tienen frente a sus subordinados.
La decisión fue comunicada por la Procuraduría General de la Nación en su boletín 1087 de 2026. Al tratarse de un fallo de primera instancia, la actuación se encuentra sujeta a las etapas y recursos previstos en el procedimiento disciplinario.