136 JAC de Santander se declaran en desobediencia civil frente a la delimitación exprés de Santurbán

Por medio de declaraciones entregadas a Periódico EL FRENTE, las comunidades de Soto Norte anunciaron el rompimiento de las relaciones con el Ministerio de Ambiente y anunciaron una desobediencia civil pacífica hasta la posesión del nuevo Gobierno. Aseguran que la administración saliente pretende imponer, en menos de un mes, una delimitación del páramo de Santurbán que no logró concertar durante casi diez años de proceso ordenado por la Corte Constitucional.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

La tensión alrededor del futuro del páramo de Santurbán escaló a uno de sus momentos más críticos desde que la Corte Constitucional ordenó, hace casi una década, rehacer el proceso de delimitación de este complejo ecosistémico. Esta vez, el rechazo no proviene únicamente de pequeños mineros o de algunos líderes regionales.

Ahora son las 136 Juntas de Acción Comunal de los municipios de Tona, Vetas, California, Suratá, Matanza y Charta, junto con más de 30 organizaciones sociales, ambientales, comunales y productivas, las que anunciaron oficialmente una declaratoria de desobediencia civil pacífica, el congelamiento de toda interlocución con el Ministerio de Ambiente y la exigencia de que cualquier nueva delimitación sea discutida únicamente con el Gobierno que asumirá funciones el próximo 7 de agosto.

Las organizaciones, que aseguran representar a cerca de 25.000 habitantes de la provincia de Soto Norte y sectores de Bucaramanga, sostienen que el Gobierno Nacional intenta imponer, en la recta final de su mandato, una delimitación "exprés" que desconoce tanto la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional como los acuerdos alcanzados con las comunidades durante los procesos de concertación adelantados en los últimos años.

" Nos declaramos en desobediencia civil pacífica ante el centralismo y la imposición de grupos que quieren imponer una delimitación exprés del páramo de Santurbán de manera unilateral, vulnerando nuestros derechos y contradiciendo lo ordenado por la Corte Constitucional ", manifestaron las organizaciones en su declaración pública.

Para los habitantes de Soto Norte, la decisión del Ministerio constituye un desconocimiento absoluto de la participación ciudadana ordenada por la Corte. "No aceptaremos que más de quinientos años de historia, de minería tradicional, de agricultura, de cultura y de arraigo territorial sean definidos en una reunión de apenas diez horas, convocada sin información suficiente, sin cronogramas públicos y sin garantizar la participación efectiva de todas las comunidades afectadas. La socialización de una decisión no puede confundirse con un verdadero proceso de concertación ", señalaron.

La convocatoria que desató el conflicto

El detonante de esta nueva confrontación fue la convocatoria realizada por el Ministerio de Ambiente para desarrollar, este sábado 4 de julio en Neomundo, Bucaramanga, una mesa de concertación sobre la delimitación del páramo.

Aunque el Gobierno sostiene que se trata de un espacio de participación dentro del cumplimiento de la sentencia constitucional, las comunidades consideran que la reunión busca dejar prácticamente definido un proceso que, según recuerdan, permanece inconcluso desde 2017 precisamente por la obligación de garantizar una participación amplia, informada y efectiva.

" Durante cuatro años tuvieron el tiempo suficiente para cumplir la sentencia. Ahora, cuando faltan apenas semanas para entregar el Gobierno, quieren hacer en un solo día lo que no hicieron durante casi una década. Eso no es participación; eso es improvisación ", sostienen los líderes comunales.

Uno de los cuestionamientos más fuertes formulados por las comunidades es que la delimitación estaría respondiendo más a intereses políticos que a criterios técnicos.

Según la Veeduría Soto Norte, la convocatoria coincide con el cierre del Gobierno y tendría como propósito dejar resuelta una de las principales banderas ambientales impulsadas por sectores políticos afines al oficialismo. Las organizaciones incluso califican la convocatoria como un acto de proselitismo político.

La controversia ocurre apenas días después de que el Tribunal Administrativo de Santander declarara en desacato a la entonces ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez Torres , por incumplir las órdenes impartidas dentro del proceso de delimitación. Sostienen que la urgencia repentina del Ministerio no obedece a un genuino interés por concertar, sino al propósito de presentar avances antes del cambio de Gobierno.

"Le quieren meter un mico a Santurbán"

Una de las voces más críticas ha sido la de Ivonne González, presidenta de Asomineros, quien cuestionó abiertamente el cambio de postura del Ministerio frente a propuestas que anteriormente habían sido rechazadas.

" Este Gobierno saliente está intentando meter un mico a la delimitación de Santurbán. En 2022, como municipio de Vetas, solicitamos una delimitación parcial y el Ministerio respondió que el macizo no podía dividirse. Hoy, cuando faltan apenas días para entregar el poder, están proponiendo exactamente lo contrario. Eso demuestra una enorme incoherencia institucional ", afirmó.

La dirigente hizo además un llamado al presidente electo, Abelardo de la Espriella , para intervenir durante el proceso de empalme.

" Le pedimos al presidente electo que detenga esta actuación mientras se instala el nuevo Gobierno. No es aceptable que una decisión con semejantes consecuencias para miles de familias quede definida por una administración que ya termina su mandato ", expresó.

Posteriormente insistió en que las actuaciones del Ministerio estarían desconociendo los principios del Acuerdo de Escazú.

" Recibimos con satisfacción la decisión del Tribunal contra la ministra, pero hoy tenemos que advertir que le quieren meter un mico, o incluso un elefante, a la delimitación de Santurbán. Lo que están convocando parece más una convención política que un verdadero espacio de participación ciudadana. Solicitamos la intervención inmediata de la Procuraduría porque el Ministerio sigue vulnerando los principios de transparencia y participación establecidos en el Acuerdo de Escazú ", sostuvo.

Las comunidades sostienen que precisamente esos incumplimientos no pueden convertirse ahora en una excusa para acelerar un procedimiento que debería desarrollarse con rigor técnico y participación amplia.

" No puede pretenderse que una reunión de un solo día sustituya años de concertación que nunca se hicieron. La Corte Constitucional habló de participación amplia, eficaz y deliberativa, no de una convocatoria apresurada para cumplir un requisito formal ", afirman.

Las organizaciones fundamentan también su posición en la autonomía política y administrativa que la Constitución reconoce a las entidades territoriales.

Consideran que el Gobierno Nacional no puede imponer unilateralmente decisiones que afectan profundamente los planes de desarrollo, la economía y la permanencia de las comunidades en el territorio.

Igualmente sostienen que el Ministerio estaría desconociendo los tres pilares fundamentales del Acuerdo de Escazú : el acceso oportuno a la información ambiental, la participación efectiva en las decisiones y el acceso a la justicia ambiental.

A juicio de los líderes, ninguno de esos principios se estaría garantizando mediante una convocatoria realizada con pocos días de anticipación y sin la preparación suficiente para que las comunidades puedan analizar técnicamente los documentos objeto de discusión.

Como consecuencia de esta situación, las organizaciones anunciaron una decisión de alto impacto político.

La medida permanecerá vigente hasta la posesión del nuevo presidente de la República, momento en el cual solicitarán instalar una mesa técnica permanente, vinculante y transparente para retomar el proceso.

"No nos negamos al diálogo. Lo que rechazamos es una concertación simulada. Estamos dispuestos a participar en un proceso serio, con reglas claras, información completa y tiempos razonables. Lo que no aceptaremos es una delimitación impuesta al final de un Gobierno que tuvo cuatro años para hacer las cosas correctamente y no lo hizo ", concluye el pronunciamiento conjunto.

Finalmente, las organizaciones hicieron un llamado a la Procuraduría General de la Nación, a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y a la comunidad internacional para que acompañen el desarrollo del proceso y vigilen que cualquier decisión sobre el futuro del páramo de Santurbán respete plenamente las garantías constitucionales de participación, la autonomía territorial y los derechos de las cerca de 25.000 personas que habitan la provincia de Soto Norte.