A juicio secretario general de Metrolínea por presuntas fallas en contratos de vigilancia

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Fabricio López Barón, secretario general de Metrolínea S.A., por presuntas irregularidades en la supervisión de dos contratos de vigilancia y seguridad privada celebrados durante la vigencia 2023, cuyo valor aproximado asciende a $1.359.412.713.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

La decisión fue comunicada este miércoles 16 de septiembre de 2026 por el organismo de control, que abrió paso a un proceso disciplinario para establecer si el funcionario incumplió las obligaciones que tenía a su cargo como supervisor contractual, especialmente en lo relacionado con la calidad de los servicios de seguridad adquiridos para la infraestructura del sistema de transporte masivo del área metropolitana de Bucaramanga.

De acuerdo con la información suministrada por la Procuraduría, López Barón también ejercía para la época de los hechos la supervisión de los contratos bilaterales destinados a garantizar la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en las instalaciones de Metrolínea.

El ente disciplinario investiga si el funcionario habría omitido exigir al contratista el cumplimiento de las condiciones de calidad pactadas, situación que, según la hipótesis materia de investigación, pudo afectar las medidas de protección destinadas a prevenir hurtos y actos de vandalismo contra la infraestructura del sistema.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga busca establecer si las presuntas omisiones vulneraron los principios de responsabilidad y moralidad que rigen la función pública. De manera provisional, calificó la conducta investigada como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.

Esta calificación no constituye una sanción definitiva. El funcionario tendrá derecho a ejercer su defensa dentro del proceso disciplinario y a controvertir las pruebas y señalamientos que fundamentan la formulación de cargos.

La investigación se concentra en la supervisión contractual, una función que tiene especial relevancia en una empresa pública como Metrolínea, cuya infraestructura comprende estaciones, portales, patios, talleres y demás instalaciones necesarias para la operación del sistema de transporte masivo.

La supervisión no consiste únicamente en verificar que el contratista esté prestando un servicio o que haya personal de vigilancia en determinados puntos. Implica comprobar que el objeto contractual se cumpla en las condiciones técnicas, administrativas, financieras y jurídicas pactadas.

En el caso de un contrato de vigilancia privada, esto puede incluir la verificación de los turnos, la presencia efectiva del personal, los puestos de vigilancia, los protocolos de seguridad, los reportes de novedades, la atención de incidentes, los medios tecnológicos y el cumplimiento de las obligaciones de protección de los bienes públicos.

El artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 establece que las entidades estatales deben vigilar permanentemente la correcta ejecución de los contratos mediante supervisores o interventores, según corresponda. El artículo 84 de la misma norma establece obligaciones relacionadas con el seguimiento contractual y la responsabilidad de quienes ejercen estas funciones.

La Procuraduría deberá determinar si, en este caso concreto, las presuntas omisiones de supervisión fueron atribuibles a López Barón, si existió un incumplimiento de las obligaciones a su cargo y si se configuró la conducta disciplinaria señalada.

Metrolínea y el problema de

la seguridad en su infraestructura

La investigación llega en medio de las dificultades que durante años ha enfrentado Metrolínea, empresa encargada de la gestión del sistema de transporte masivo del área metropolitana de Bucaramanga.

La seguridad de las estaciones y demás instalaciones constituye un componente esencial para la continuidad del servicio, la protección de los bienes públicos y la atención de los usuarios. El deterioro de la infraestructura, los daños ocasionados por vandalismo y los hurtos de elementos pueden afectar la operación y generar costos adicionales para la empresa.

La propia Metrolínea tiene dentro de su estructura contractual la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada para su infraestructura y sus instalaciones administrativas. La entidad mantiene publicada una sección de contratación en la que pueden consultarse los procesos y documentos relacionados con sus contratos.

En un informe de auditoría financiera y de gestión de la Contraloría de Bucaramanga, correspondiente a Metrolínea, se registraron hallazgos relacionados con contratos de vigilancia y seguridad de la vigencia 2023. El documento identifica, entre otros, los contratos 033-2023 y 090-2023, vinculados a observaciones sobre la ejecución contractual y el seguimiento a las obligaciones pactadas.

El mismo informe relaciona a Fabricio López Barón con hallazgos de naturaleza administrativa, disciplinaria y fiscal, aunque cada uno de estos ámbitos de control tiene objetivos, procedimientos y responsabilidades diferentes.

La existencia de un hallazgo fiscal o administrativo no equivale automáticamente a una responsabilidad disciplinaria. La Procuraduría deberá establecer, dentro de su propio proceso, si se configuró la conducta atribuida al funcionario y cuál sería su responsabilidad individual.