Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, expresó su preocupación por el hundimiento en el Congreso del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2025 y advirtió que una disminución del 17.4% en el presupuesto de inversión afecta a sectores claves como vivienda y agricultura, lo que incluso podría, de hecho, terminar comprometiendo las metas del Plan de Desarrollo 2022-2026.
Recordó que, en la presentación del proyecto general de presupuesto, lo primero que observó la Contraloría es que se estaba frente a un proyecto desequilibrado en más de $12 billones, cifra bastante considerable frente a la capacidad real de financiamiento que ostenta el actual gobierno, y que representa un significativo riesgo financiero que solo se puede manejar con el proyecto de Ley de Financiamiento.
En el transcurso de este año, la Contraloría General de la República emitió una función de advertencia en relación con el manejo de la expedición del decreto de liquidación del presupuesto, hecho que generó incertidumbre y confusión y obligó al Gobierno nacional a revertir algunas decisiones adoptadas allí.
El Contralor Rodríguez Becerra hizo un llamado a seguir de manera rigurosa los lineamientos del Estatuto Orgánico del Presupuesto, con el fin de contar en 2025 con un presupuesto que sea ejecutable en su totalidad, con un enfoque que permita una ejecución más fluida y evite la necesidad de que la Contraloría emita nuevas funciones de advertencia para solicitar correcciones que pudieron haberse evitado siguiendo la normativa vigente.
El Contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra presentó su posición sobre el manejo presupuestal al intervenir en la VII Cumbre del Petróleo, Gas y Energía, en Cartagena
Empezó su intervención al respecto diciendo que no la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el 2025 por parte del Congreso, es un hecho que no tiene precedente en la historia reciente del país, y llamó la atención en el sentido de que esta situación no debe obstaculizar la disposición de un presupuesto que responda de manera adecuada a las necesidades actuales y cuente con los mecanismos necesarios para ser ejecutado de manera eficaz y eficiente, con el fin de cumplir con los objetivos para los cuales ha sido formulado.
“Es fundamental destacar la importancia de proponer un Presupuesto General que garantice un financiamiento responsable, permitiendo avanzar en áreas prioritarias como el desarrollo social, económico y ambiental”, subrayó.
Preocupaciones puntuales
Me preocupa el déficit. El presupuesto proyectado para el 2025, presenta un desequilibrio de 12 billones. Esta situación representa un riesgo financiero significativo que debe abordarse mediante un proyecto de ley de financiamiento, enfocado en cubrir ese faltante con el fin de garantizar, la estabilidad del país.
Me preocupa la reducción de la inversión. La Contraloría General de la República manifiesta su inquietud por la reducción del 17.4% en el presupuesto destinado a inversión para el 2025. Esta disminución afecta a sectores claves como vivienda y agricultura, lo que incluso podría, de hecho, terminar comprometiendo las metas del Plan de Desarrollo 2022-2026.
Adicionalmente está el impacto en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Es fundamental que el Gobierno defina cómo se financiarán las cuentas del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, dado su papel crucial en la sostenibilidad fiscal y en la estabilidad de los precios de los combustibles en el país.
Destacó luego que en el transcurso del año fue la Contraloría General de la República la que emitió una función de advertencia en relación con el manejo de la Expedición del Decreto de Liquidación del Presupuesto, que genera incertidumbre y confusión, lo que obligó al Gobierno Nacional a revertir algunas decisiones adoptadas.
En este sentido, el Contralor hizo un llamado a seguir de manera rigurosa los lineamientos del Estatuto Orgánico de Presupuesto, con el fin de aprobar un presupuesto que sea ejecutable en su totalidad. Este enfoque permitirá, sin lugar a duda, una ejecución más fluida, y evita la necesidad de que la Contraloría esté emitiendo funciones de advertencia que pueden evitarse si se sigue la normativa vigente, acotó.
“Lamentablemente, lo que hemos podido evidenciar es que se vienen generando riesgos fiscales, de alguna magnitud al momento de hacer proyecciones o estimaciones de los ingresos que financian el Presupuesto General de la Nación. Los riesgos fiscales corresponden a las desviaciones que presentan las estimaciones de ingresos frente al recaudo efectivo”, advirtió.
“Los riesgos fiscales empezamos a evidenciarlos en la vigencia actual, cuando el Gobierno se vio en la imperiosa necesidad de aplazar partidas presupuestales por $20 billones, como resultado de haber sobreestimado los ingresos del Presupuesto. Y considero, por lo que he venido observando, que deberá existir un nuevo aplazamiento antes que termine el año”, agregó.
Para el Contralor Rodríguez Becerra, las partidas aplazadas van a terminar reduciéndose porque definitivamente los recaudos no se van a dar y, sin lugar a duda, se termina afectando el cumplimiento de las metas trazadas en el Plan de Desarrollo, contraviniendo el principio presupuestal de planificación contemplado en el Estatuto Orgánico de Presupuesto. “Lo que me llama poderosamente la atención es que las estimaciones erradas de los ingresos presupuestados en la vigencia de 2024 no fueron resultado de factores macroeconómicos externos. Simplemente fueron el resultado de incorporar ingresos con un alto nivel de incertidumbre, con una alta probabilidad de no recaudarse”, comentó.
Llamado de atención
Cuando los ingresos no se recaudan por factores macroeconómicos externos como, por ejemplo, la caída del PIB, caída de las importaciones, la crisis económica de la pandemia, pues los riesgos fiscales son justificados porque desde luego existen imprevistos. Pero las estimaciones erradas de los ingresos corresponden a los riesgos fiscales en los que quiero advertir que se atenta contra el artículo 35 del Estatuto Orgánico de Presupuesto, donde se establece el cómputo de las rentas que deben incluirse en el Proyecto de Presupuesto General de la Nación, tendrá como base el recaudo de cada renglón rentístico.
Es claro, entonces, que las rentas que financian el presupuesto se tienen que calcular con bases reales en lo que se espera recaudar. en la vigencia fiscal. No se pueden incorporar al presupuesto ingresos inciertos, como sucedió, en el año 2024, en la que se incorporaron recursos que provendrían de litigios adelantados por la DIAN, que a la postre no se recaudaron y obligaron al Gobierno Nacional a efectuar aplazamientos de presupuesto.
En adelante, el Gobierno Nacional tiene que mejorar sustancialmente las bases de cálculo de los ingresos que financiarán el presupuesto de las siguientes vigencias fiscales, tomando como base los recaudos esperados, sin considerar como fuente de financiación ingresos inciertos, para evitar los riesgos fiscales que evidencian una ineficiente programación presupuestal, que inevitablemente conduce entonces a una mala ejecución.
En segundo lugar, quiero llamar la atención sobre los elevados montos de reservas presupuestales: superan los 30 billones al cierre de la vigencia 2023. La verdad, yo no logro entender las razones por las cuales no se ejecutan estos compromisos antes de celebrar nuevos contratos, que tampoco se ejecutarán porque se da prioridad a los compromisos amparados con reservas constituidas.
La única manera de reducir al máximo las reservas presupuestales es a través de un presupuesto realista y objetivo. Simplemente se dan menos recursos a las entidades que no ejecutaron y que se dedicaron fue a constituir reservas presupuestales.
Es imprescindible que se realice hoy día una priorización del gasto. Con esto se contribuirá a reducir el déficit de gobierno, a endeudarse menos, lo cual le permitirá cumplir con la regla fiscal. Y aquí quiero manifestar que no comparto la solicitud del gobierno de modificar la, regla fiscal cuando cuenta con instrumentos necesarios que se pueden adoptar para cumplirla.
En tercer lugar, me preocupa la cantidad de recursos que están en fiducias y patrimonios autónomos. No entiendo las razones por las cuales el Tesoro Nacional busca recursos en el mercado a través de la colocación de TES, presionando las tasas de interés para hacer atractiva la compra de sus títulos, cuando tiene altas cuantías de recursos en fiducias y patrimonios autónomos, donde se obtiene una rentabilidad mucho menor que los intereses que paga por títulos del tesoro TES que colocó. Los TES aumentan el endeudamiento interno del gobierno. Sumando el hecho de que en la mayoría de los recursos guardados en fiducias y patrimonios autónomos no se han ejecutado en la adquisición de bienes y servicios que beneficien a la comunidad.
Baja ejecución presupuestal
Llamo la atención en que el gobierno debe utilizar esos recursos que son cuantiosos, para reducir el endeudamiento interno al tener que colocar menos TES. Con los recursos en fiducias y patrimonios autónomos, se logra en la mayoría de los casos únicamente proveer de fondos a las entidades financieras y en esto está contraviniendo lo dispuesto en el artículo 36 de la ley 1955 del 2019, vigente a la fecha. Esta disposición está también contemplada en el artículo 20 de la Ley 2342 de 2023 y en la Ley Anual de Presupuesto del 2024, que señala lo siguiente: los recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación transferidos a entidades financieras no podrán tener como objeto proveerlas de fondo, sino atender los compromisos y obligaciones en desarrollo de las apropiaciones presupuestales.
La Contraloría observa con preocupación los bajos niveles de ejecución del presupuesto de la actual vigencia, en términos de compromisos. Preocupa más si se revisan los indicadores en términos de obligaciones que corresponde a la verdadera ejecución, como lo señala la Ley 819 de 2023, Ley Orgánica de Presupuesto, y el Decreto 412 del 2018. Se sugiere que si una entidad no va a alcanzar a ejecutar el presupuesto en lo que resta del año, tramite autorización para vigencia futuras de sustitución de apropiaciones, con lo cual evita inducir a que se coloquen reservas presupuestales. Esto claramente estaría reduciendo la presión de gastos en la vigencia 2024, reduciendo el déficit, permitiría que se cumpla la regla fiscal y por lo tanto se debe hacer una programación presupuestal para la vigencia 2025, que es la invitación que quiero realizar, consultando la capacidad real de ejecución que tenga cada entidad.
Por último, en cuanto al proyecto con relación al presupuesto 2025, recomiendo tener en cuenta desde luego lo establecido por el artículo 55 del Estatuto Orgánico de Presupuesto: Si el presupuesto fuere aprobado sin que se hubiere expedido el Proyecto de Ley sobre los recursos adicionales a que se refiere el artículo 347 de la Constitución Política, el Gobierno debe suspender mediante decreto, las apropiaciones que no cuentan con financiación hasta tanto se produzca una decisión final por parte del Congreso de la República. Quiere decir que se adopta el presupuesto por decreto.
El Presupuesto está desfinanciado en 12 billones de pesos, que será lo que tiene que estudiar el Congreso de la República, pero mientras el Congreso estudia, quedan congeladas las partidas presupuestales de esa magnitud de 12 billones. Si el Congreso de la República no lo aprueba, pues tendrá que expedirse entonces un nuevo decreto de recorte presupuestal de esos 12 billones, para que se realicen, reitero nuevamente, ejecutándose o haciéndose acorde a la realidad que tenemos en el momento.
