Alianza Verde llegó hoy a su antítesis: JP se va y hace inminente la ruptura de un partido sepultado por la corrupción

El senador santandereano Jota Pe Hernández activó formalmente el proceso de escisión para separarse de la colectividad con la que acaba de reelegirse al Senado, en un movimiento que para muchos representa el intento de tomar distancia de un partido cuya bandera anticorrupción terminó hecha jirones entre escándalos, investigaciones y dirigentes salpicados por uno de los mayores bochornos políticos del país.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

La Dirección Nacional del partido aprobó con amplia mayoría el inicio del trámite, dando vía libre a que el Consejo Nacional Electoral estudie ahora la fractura formal de la colectividad.

Pero detrás de la figura jurídica y el lenguaje técnico, lo que subyace es una realidad política mucho más cruda: la implosión de una organización que alguna vez se presentó como reserva moral de la política colombiana y que hoy carga con el peso de nombres que la opinión pública asocia más con expedientes judiciales que con renovación ética.

La salida promovida por Jota Pe no ocurre en el vacío. Se produce mientras la sombra del escándalo de la UNGRD sigue devorando el prestigio del partido. Su antiguo máximo jefe político, Carlos Ramón González, se encuentra prófugo fuera del país y con circular de Interpol encima por su presunto papel en la red de corrupción que desangró la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La sola imagen resulta demoledora para una colectividad que construyó su narrativa precisamente sobre el combate a la corrupción.

A ello se suma el caso del senador Iván Name, también elegido por la Alianza Verde y fuertemente cuestionado por las revelaciones que lo vinculan políticamente con las maniobras y dilaciones que rodearon el entramado corrupto de la UNGRD durante su paso por la presidencia del Congreso. La colectividad que prometió limpiar la política terminó convertida, para buena parte de sus propios militantes, en un lastre reputacional difícil de cargar.

En ese ambiente enrarecido, la solicitud de escisión de Jota Pe Hernández aparece no solo como una ruptura política, sino como un intento de desmarcarse de una marca partidista hoy profundamente erosionada. La representante Catherine Juvinao también se sumó al proceso, insistiendo en la necesidad de recuperar los principios de la antigua Ola Verde, aquella ola que alguna vez vendió esperanza y que hoy parece naufragar entre facciones, peleas internas y escándalos judiciales.

Aunque formalmente la fractura se justifica por diferencias sobre el rumbo ideológico del partido y su relación con el gobierno de Gustavo Petro, en la práctica la ruptura también refleja la incomodidad de sectores que no quieren seguir compartiendo techo político con una estructura cada vez más golpeada por cuestionamientos éticos.

La escisión, de ser avalada por el Consejo Nacional Electoral, permitiría a los congresistas que abandonen la Alianza Verde conservar sus curules y estructurar una nueva fuerza política con autonomía jurídica, avales propios y financiación estatal. Es decir, no se trataría de una simple renuncia, sino de una amputación institucional completa dentro de la colectividad.