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Opinión

¿Alivio para la economía o factura para el ciudadano?

El proyecto fiscal plantea rebajas y nuevos cobros, pero podría encarecer la contratación y cargar más al asalariado.

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El proyecto fiscal plantea rebajas y nuevos cobros, pero podría encarecer la contratación y cargar más al asalariado.

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El rescate fiscal. El nombre promete salvación, pero el articulado conviene leerlo con lupa. El Proyecto de Ley 477 de 2026 fue radicado el 29 de octubre de 2026 y contiene 106 artículos, plantea un ajuste de $45 billones en las finanzas públicas y llegó con mensaje de urgencia. Con las sesiones ordinarias cerrando el 16 de diciembre, el Ejecutivo dispone de seis semanas para surtir cuatro debates. Es demasiado texto para tan poco tiempo, y está en juego el bolsillo de todos.

Por Carmen Cecilia Orejarena*

Para las sociedades, la propuesta reduce gradualmente la tarifa general de renta: del 35% al 33% en 2027 y al 31% en 2028. Limita la tasa mínima de tributación del 15% se reservaría a grupos multinacionales con ingresos iguales o superiores a 750 millones de euros. El umbral para pagar impuesto al patrimonio subiría de 72.000 a 95.500 UVT (52.374) y se eliminaría la tarifa temporal del 1,5%, y crea el régimen RUGE, que ofrece a grandes proyectos estabilidad por dieciséis años y beneficios en renta, dividendos y patrimonio.

Atraer inversión es necesario; conceder ventajas no garantiza que se traduzcan en empleo, productividad o mejores salarios. La pregunta es concreta: ¿qué compromisos verificables asumirán sus beneficiarios y qué recibirá el país a cambio? Devengan hasta dos. Para salarios superiores se reactivarían aportes, elevando el costo de contratación.

Hay otra preocupación: el empleo formal. La exoneración patronal de aportes al SENA, ICBF y salud se reduciría: pasaría de cubrir trabajadores que ganan hasta diez salarios mínimos a quienes devengan hasta dos. Para salarios superiores se reactivarían aportes, elevando el costo de contratación.
También aumentaría progresivamente la cotización a salud de empleados e independientes con ingresos superiores a dos mínimos. En un país donde formalizar el trabajo ya es difícil, encarecer la nómina puede producir el efecto contrario: menos contratación, más informalidad o ajustes salariales. El recaudo adicional debe compararse con el costo económico y social de esa decisión.

También bajaría el límite de deducciones en renta, la retención laboral comenzaría desde un ingreso inferior y se eliminaría el beneficio del componente inflacionario para ciertos contribuyentes.

En contraste, aumentaría el umbral del impuesto al patrimonio y desaparecería la tarifa temporal más alta. No se trata de oponerse a cada cambio, sino de exigir coherencia al distribuir el esfuerzo. También propone normalizar activos omitidos y pasivos inexistentes con una tarifa del 15% y facilitar acuerdos de pago. Se acabaría la exención de gastos de representación de jueces, fiscales, magistrados y docentes de universidades públicas. Cada medida tiene su lógica por separado. Sumadas, le cargan la mano al asalariado, que no tiene dónde esconderse.

El Gobierno anuncia recortes del 20% en gastos de personal y del 50% en contratos de prestación de servicios, además de límites al endeudamiento. Esos compromisos necesitan cronogramas, indicadores y rendición de cuentas. La austeridad no puede quedarse en el papel mientras los nuevos cobros llegan al bolsillo.

El Congreso debe debatir sin confundir urgencia con afán. Un rescate fiscal no se mide solo por cuánto recauda, sino por si corrige el desequilibrio sin debilitar empleo, consumo y confianza. Antes de aprobarlo, debe responder: ¿quién se salva, ¿quién paga y qué garantías existen de que el sacrificio tendrá resultados?
*Educadora empresarial