Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La proliferación de redes sociales sin reglamentación oficial está creando una situación de anarquía en la libertad de información, que es un derecho constitucional. Mientras las empresas radiales, legalmente constituidas, están obligadas a pagar toda clase de impuestos, incluyendo predial, industria y comercio, licencias de operación y funcionamiento, control de frecuencias, además de las extorsivas tarifas de la Sociedad de Artistas y Compositores (SAYCO) y de la Sociedad de Intérpretes (Acinpro), que desbordan en el abuso y la arbitrariedad, y que son un negocio privado de audaces abogados, las ‘emisoras digitales’, que utilizan arbitrariamente el espectro electromagnético, están expidiendo certificaciones sobre edictos y avisos de remate de bienes inmuebles, sin verificar que sus certificaciones tipifican los delitos de falsedad y estafa.
En medio de este panorama sombrío para la radiodifusión comercial, están también las elevadas tarifas de los servicios públicos, especialmente de la energía eléctrica, obligando a los propietarios de emisoras a pagar sumas exorbitantes, sin ningún control estatal y sin que haya siquiera una ‘tarifa diferencial’ que haga llevaderos los costos de operación. Aprovechando la complicidad del Ministerio de las Tecnologías de la Información, los empresarios y micro-empresarios de la radiodifusión tienen que padecer el chantaje permanente de Sayco y Acinpro, que monopolizan la cobranza de los denominados ‘derechos de autor y ejecución musical’,con grave detrimento de la promoción del arte y la cultura, que son consustanciales con el servicio de radiodifusión.
Cada que algún congresista levanta la mano en el parlamento colombiano, mueven el tráfico de influencias para que Sayco y Acinpro sigan monopolizando el recaudo de estas cuotas parafiscales, que se reparten a través de nóminas extravagantes de las dos entidades gremiales, en las cuales aparecen supuestos artistas de las roscas tradicionales de beneficiarios del arte musical, impidiendo que se modifique el perverso y obsoleto estatuto de radiodifusión comercial. El ex vicepresidente de la república, Germán Vargas Lleras, había comentado hace algún tiempo en sus muy leídas páginas de la prensa nacional, lo que estaba y está ocurriendo con el servicio de radiodifusión, pero rápidamente se quedaron callados, por razones inexplicables.
Hay muchas emisoras de pequeños municipios de Colombia que están suspendiendo actividades porque la publicidad oficial se ha dedicado a las redes sociales que operan de manera ilegal en Colombia. Se olvidan los señores alcaldes y gobernadores que los contratos oficiales con emisoras clandestinas comportan el delito de ‘peculado’, porque las emisoras ‘VIRTUALES’ y las redes sociales no están reglamentadas en la legislación colombiana y si estuvieran reglamentadas, deberían tener el mismo tratamiento tributario de la radiodifusión comercial. El monopolio de Sayco y Acinpro tiene que acabarse, porque la legislación en materia de comunicaciones debe garantizar el derecho a la libertad de información, que es un precepto constitucional y las licencias de operación deben modificarse, para evitar insólitos privilegios de las pequeñas gavillas que están actuando como si fueran dueños del espectro electromagnético, que es patrimonio de todos los colombianos.
