Anillo Vial Externo Metropolitano parece ser de fantasía y no una gran megaobra

Cobro de valorización con millonario estudio que no debió contratarse

Este informe especial exige obligación de transparencia con lo cual se debe explicar qué se contrató, por qué costó casi $2.000 millones, qué información faltaba y cuál será el destino de sus conclusiones.

El proyecto para cobrar valorización por el Anillo Vial Externo Metropolitano, AVEM, derivó en una enorme controversia, porque mientras el Departamento de Santander destinó cerca de $2.000 millones para elaborar un estudio de factibilidad sobre el recaudo, documentos oficiales ya muestran que la primera evaluación que sustentó la Ordenanza 012 de 2025 fue cuestionada por usar información económica y catastral que no reflejaba plenamente la realidad actualizada de los municipios Piedecuesta y Girón.

La demanda de nulidad fue presentada el 25 de junio de 2025, antes de que apareciera en el registro contractual el proceso para los estudios de factibilidad, publicado a finales de julio.

La certificación del Banco de Proyectos fijó para ese nuevo estudio un valor de $1.999.981.553. El asunto adquiere mayor relevancia porque, según información extraoficial suministrada para esta investigación, el nuevo ejercicio reduciría de forma drástica el potencial de recaudo frente a los aproximadamente $580.000 millones previstos inicialmente.

Esa cifra todavía requiere respaldo documental público, pero coincide con la pregunta central que dejó abierta la demanda: si la capacidad real de pago no permite financiar el monto calculado, la viabilidad del cobro cambia por completo y el gasto destinado al estudio queda bajo escrutinio público y merece revisión contractual y fiscal.

Una secuencia reconstruida

La trazabilidad documental permite reconstruir una secuencia. La Ordenanza 012, expedida el 31 de marzo de 2025, declaró de especial interés público el AVEM y autorizó la contribución de valorización.

La Gobernación utilizó un estudio de prefactibilidad elaborado por la UIS en 2024. Ese documento calculó una capacidad de pago de $607.035 millones, frente a un monto distribuible de $584.492 millones.

El problema señalado en la demanda es concreto. El estudio tomó información del DANE de los periodos 2016-2017 y 2021-2022. En 2024 ocurrieron cambios que podían modificar la capacidad económica, en especial la actualización catastral multipropósito de Piedecuesta.

El municipio y el AMB habían suscrito en junio de 2024 un convenio para desarrollar esa actualización y entregarla antes del 31 de diciembre, con aplicación sobre el impuesto predial de 2025.

La Secretaría de Hacienda de Piedecuesta respondió que durante 2024 y 2025 la Gobernación, la Asamblea o el Grupo de Valorización de la UIS no solicitaron las proyecciones del impuesto predial para 2025 y años siguientes. Piedecuesta aparecía como aportante, con 64,64% de la capacidad calculada.

El expediente agrega que Piedecuesta pasó de cerca de 57.000 a unos 64.000 predios registrados tras la actualización catastral. Según la demanda, esa variación tampoco fue incorporada al estudio. También cuestiona la omisión de la Ley 2277 de 2022.

La prefactibilidad establecía tres referencias para determinar el monto distribuible en costo total, beneficio generado a los predios y capacidad contributiva. Esto podía alterar el resultado.

Una pregunta imprescindible

La nueva contratación aparece en el Banco de Proyectos. La certificación del 1 de julio de 2025 identifica “Estudio de factibilidad, para el cobro de la contribución de valorización para financiar parcialmente el proyecto Anillo Vial Externo Metropolitano – AVEM en doble calzada en el departamento de Santander” y registra $1.999.981.553.

El proceso IT-CD-25-72 fue publicado el 29 de julio, con la misma cuantía. La UIS confirmó en su informe institucional que recibió ese proyecto por $1.999.981.553.

¿Qué información nueva justificó invertir casi $2.000 millones en un estudio de factibilidad, si ya existía una prefactibilidad que había servido para impulsar la ordenanza y había sido demandada antes de la nueva contratación?, la coincidencia temporal no prueba una irregularidad y exige explicar la planeación, el alcance y la diferencia entre ambos estudios.

La información extraoficial conocida apunta a un cálculo cercano a $180.000 millones de capacidad de recaudo entre Piedecuesta y Girón, frente a unos $580.000 millones. Esa versión no puede presentarse como definitiva mientras no aparezca el informe oficial. Si se confirma, la brecha superaría $400.000 millones y cambiaría viabilidad del mecanismo.

Sustentar el alegato

Los demandantes sostienen que la Ordenanza 012 podría estar afectada por “falsa motivación”, debido a la omisión de información relevante. El Tribunal Administrativo de Santander deberá establecer si ese alegato tiene sustento y si los estudios usados para aprobar el tributo correspondían a la realidad económica de los contribuyentes.

El caso no demuestra por sí sólo responsabilidad disciplinaria, fiscal o penal, ni permite afirmar que el nuevo estudio sea inválido. Sí deja obligación de transparencia con lo cual se debe explicar qué se contrató, por qué costó casi $2.000 millones, qué información faltaba y cuál será el destino de sus conclusiones.

Si el nuevo estudio confirma que la valorización sólo permitiría recaudar una fracción del monto, el debate también será de eficiencia del gasto público. La ciudadanía tendrá derecho a saber cuánto costó determinar que una fuente de financiación no resulta suficiente y qué decisiones se adoptarán para que esa inversión produzca utilidad pública. La ordenanza alcanzaba 47.782 predios de Piedecuesta y 41.681 de Girón, con cobro previsto durante diez años y con efectos tributarios por década.