Avances en el tercer Comité Territorial de Justicia Transicional de Santander
Santander logra avances significativos en el tercer Comité Territorial de Justicia Transicional. Se destaca el aumento del presupuesto de la Mesa Departamental de Víctimas de 330 a 360 millones de pesos, mejorando la asistencia y reparación a las comunidades afectadas.
Santander logra avances significativos en el tercer Comité Territorial de Justicia Transicional. Se destaca el aumento del presupuesto de la Mesa Departamental de Víctimas de 330 a 360 millones de pesos, mejorando la asistencia y reparación a las comunidades afectadas.
Los puntos clave serán generados automáticamente por IA y revisados por la redacción de El Frente.
El contexto histórico y los antecedentes serán generados a partir del archivo periodístico de El Frente.
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Con decisiones concretas y recursos adicionales, Santander consolidó avances inéditos en la atención y reparación de las víctimas del conflicto armado durante el tercer Comité Territorial de Justicia Transicional, un espacio que marcó un punto de inflexión en la ejecución de la política pública departamental para 2025.
La sesión permitió revisar el cumplimiento de las metas en curso para la población víctima, definidas como acciones transversales en todas las secretarías del departamento.
El Gobierno Departamental reafirmó la obligación de ejecutar, como mínimo, el 20 % de estas metas en cada dependencia, con el propósito de garantizar asistencia integral, reparación efectiva y participación real en la toma de decisiones.
El anuncio central fue el aumento del presupuesto del plan de trabajo de la Mesa Departamental de Víctimas, que ascendió de 330 a 360 millones de pesos.
Este ajuste representó un avance histórico para una instancia que durante años operó con recursos limitados y que hoy cuenta con mejores condiciones para ejercer sus funciones y defender los derechos de las comunidades afectadas.
Durante el Comité también se aprobaron el Plan de Prevención y Protección y el Plan de Contingencia, herramientas estratégicas para identificar riesgos, priorizar necesidades territoriales y orientar la oferta institucional en los municipios.
La participación de ocho integrantes de la Mesa fortaleció el diálogo, la concertación y el enfoque diferencial, como pilares de una política pública orientada a la paz y a la garantía plena de derechos.
