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Avanza a tercer debate proyecto que busca regular el cannabis en adultos

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Resumen

La novedad es que la iniciativa incluye un artículo transitorio que le asigna a los municipios, distritos y departamentos la facultad de decretar y percibir impuestos.

Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
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Si bien hace casi 4 meses el Senado hundió en último debate una iniciativa que le apostaba al mismo propósito, en la Cámara de Representantes avanza a buen ritmo un proyecto de acto legislativo –es decir, que implica reformar la Constitución–, para dar vía libre a la regularización del cannabis de uso adulto en Colombia.

El proyecto fue aprobado este lunes en el segundo de sus ocho debates con el respaldo de 85 representantes. La novedad es que la iniciativa incluye un artículo transitorio que le asigna a los municipios, distritos y departamentos la facultad de decretar y percibir impuestos a las actividades relacionadas con el uso de cannabis, como el uso del suelo.

Según sus autores, el proyecto busca arrebatarles a las redes criminales el mercado de la marihuana para que sea el Estado quien regule la comercialización de la sustancia y quien se beneficie de los impuestos que generaría la legalización.

Con la aprobación en segundo debate, restan ahora 6 debates más en el Congreso, para posteriormente pasar a revisión de la Corte Constitución y sanción presidencial, para finalmente convertirse en ley.

Este proyecto de acto legislativo específicamente busca reformar el artículo 49 de la Constitución, que durante el gobierno de Álvaro Uribe fue ajustado a través del Congreso para penalizar “el consumo o la dosis mínima de estupefacientes”. Lo que se busca es hacerle una excepción a ese inciso para crear un mercado legal de esta sustancia, al que solo podrán acceder mayores de edad.

Con el artículo transitorio para percibir recursos a favor de los entes territoriales locales el objetivo es otorgar una protección constitucional a favor de municipios y departamentos, de manera que se aumente su autonomía fiscal y la Nación no pueda confiscarlos o negar la participación de los territorios en su ejecución.

“Es tal y como ocurre actualmente con el impuesto predial, o con las rentas departamentales de licores y juegos de azar”, explicó el representante Carlos Ardila (Partido Liberal) autor y coordinador ponente de esta iniciativa.

Se prevé que esos nuevos recursos se destinen a los sectores de educación y salud, fortaleciendo así las capacidades de los municipios y departamentos para generar infraestructura educativa y hospitalaria, vías terciarias, entre otros.

El proyecto señala que estará prohibida la venta de la sustancia a los niños, niñas y adolescentes y, por ello, especifica que es para el uso exclusivo de adultos. Con el propósito de proteger a los menores de edad, la iniciativa aclara que la comercialización de la sustancia estará restringida al interior o cerca de los entornos escolares y en zonas comunes de propiedades horizontales.

Para garantizar un control sobre el comercio del cannabis se dejó claro que el Estado será el único que otorgará licencias para hacer un detallado seguimiento a quienes tendrán permiso para venderla. Con ese fin, está previsto que se cree una única entidad en la que se concentre esta regulación y se reforzará la persecución de las redes que intenten comercializar la sustancia ilegalmente.

Además de establecer las reglas de juego para el comercio, la iniciativa señala que el Estado debe trazar políticas claras para la prevención del consumo de la sustancia y, además, tendrá que establecer políticas públicas para garantizar de quienes tengan un consumo problemático puedan acceder a tratamientos médicos.

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