Bastonazos electorales de ciego lanzados desde la Casa de Nariño
El artículo sostiene que el Presidente debe actuar como garante institucional y no alimentar sospechas ni tensiones que debiliten la confianza en las elecciones de 2026.
El artículo sostiene que el Presidente debe actuar como garante institucional y no alimentar sospechas ni tensiones que debiliten la confianza en las elecciones de 2026.
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La campaña presidencial de 2026 exige algo tan básico que resulta preocupante tener que reiterarlo, como si se tratara de hacérselo saber a un niño y es que el Presidente debe ser garante, no factor de tensión, antes durante y después de las votaciones.
En una democracia madura, la Casa de Nariño protege las reglas, cuida las instituciones y preserva la confianza pública. Cuando esa obligación se debilita, la contienda pierde legitimidad antes de abrir las urnas.
El problema no nace de una vigilancia ciudadana sobre la Registraduría, que es sana y necesaria. El daño aparece cuando el poder estatal convierte la sospecha en discurso político y usa la tribuna presidencial para descalificar las instituciones sin sustento.
La reciente advertencia judicial contra afirmaciones sobre fraude sin prueba alguna confirma que no se trata de una percepción exagerada. Hay un límite entre control institucional y hostigamiento desde el poder, y cruzarlo erosiona la credibilidad del proceso.
Desde Presidencia y en las redes sociales del Presidente Petro se han vertido publicaciones y señalamientos que se convierten en graves, por una razón elemental, abre la puerta a sospechas sobre interceptaciones, uso irregular de organismos del Estado y espionaje político.
En un país con heridas recientes por prácticas de ese tipo, un Presidente no puede lanzar acusaciones y luego dejar a Colombia en la incertidumbre, pero se entiende el momento que vive el país y por eso los bastonazos electorales de ciego lanzados, a diestra y siniestra, desde la Casa de Nariño.
A ello se suma una señal aún más delicada, como lo es la pretensión de aliviar la situación de jefes de bandas urbanas, justo en un año electoral. La Fiscalía corrigió con rapidez una decisión que podía enviar un mensaje equivocado, pero el debate de fondo sigue vivo.
Ninguna democracia tolera que estructuras criminales con poder territorial, capacidad de presión y control social reciban mensajes ambiguos en vísperas de una elección Presidencial.
Colombia necesita una Presidencia que entienda su papel constitucional: no favorecer heredero alguno, no erosionar árbitros electorales y no relativizar el riesgo criminal.
También necesita una jefatura de Estado que proteja a todos los candidatos por igual, respalde a la Registraduría con respeto y coordine con las autoridades una defensa integral del voto.
La democracia no pide gestos grandilocuentes. Exige responsabilidad, mesura y respeto por la ley. En 2026, el país no requiere un Presidente que incline la balanza. Requiere uno que la mantenga firme.
Por eso, la primera obligación del Ejecutivo no es persuadir, polemizar ni sospechar, sino blindar el calendario, llamar al respeto entre adversarios y dejar claro que el Estado no pertenece a un bando. Sin esa premisa, cualquier victoria futura nacerá bajo duda y la derrota no será para los candidatos, sino para el sistema electoral.
