Caen dos presuntos integrantes del Frente 33 de las Farc en La Paz, Santander
La Policía, en un operativo del grupo Gaula, capturó a dos presuntos miembros del Frente 33 de las FARC en La Paz, Santander. Están acusados de terrorismo, además de otros delitos, y fueron trasladados a centros carcelarios. Incautaron armas, uniformes y más.
La Policía, en un operativo del grupo Gaula, capturó a dos presuntos miembros del Frente 33 de las FARC en La Paz, Santander. Están acusados de terrorismo, además de otros delitos, y fueron trasladados a centros carcelarios. Incautaron armas, uniformes y más.
Los puntos clave serán generados automáticamente por IA y revisados por la redacción de El Frente.
El contexto histórico y los antecedentes serán generados a partir del archivo periodístico de El Frente.
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En un operativo contundente realizado por la Policía Nacional, a través del grupo Gaula, capturó a Hernán Alberto Morales y a Omar Hernán Flórez, presuntos miembros del Frente 33 de las disidencias de las FARC.
Los detenidos habrían actuado para intimidar a la comunidad del municipio de La Paz, al sur de Santander, mediante la difusión de grafitis y panfletos que exaltan la presencia y acciones del grupo armado.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Santander, judicializó a ambos sujetos por delitos graves que incluyen terrorismo, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, además de delitos por explosivos y utilización ilegal de uniformes e insignias.
Según el informe oficial, los sospechosos se presentaban en la vía pública con prendas militares y armamento de largo alcance, lo que generó alarma en la población y evidenció su intención de sembrar miedo entre los habitantes.
Durante el operativo, las autoridades incautaron armas de corto y largo alcance, material de intendencia, uniformes exclusivos de la fuerza pública, aerosoles, panfletos alusivos al Frente 33 y cuatro celulares.
Además, se ha establecido una recompensa de $5 millones de pesos para quienes proporcionen información que permita ampliar la investigación y esclarecer posibles vínculos con otros actos delictivos, incluidas amenazas contra alcaldes de la región.
Por orden de un juez de control de garantías, los investigados fueron trasladados a centros carcelarios para cumplir las medidas de aseguramiento impuestas en su contra.
