Cambios en método de importación generaría golpe económico en el sector

En desarrollo de una acción preventiva, la Procuraduría General de la Nación advirtió que se desconocen estudios con los aspectos técnicos y operativos sobre los cambios que quiere implementar el Gobierno en los procedimientos de importación y comercio exterior, por lo que los consideró inviables.

La Entidad alertó sobre la inconveniencia de aprobar la modificación al Decreto 1165 de 2019, que ofrece seguridad jurídica a los usuarios aduaneros, a los que se pretende hacer declarar de manera anticipada las mercancías que van a recibir, las que planean exportar o las que trasladan a zonas francas.

Así mismo, advirtió que adoptar esa medida sin un estudio técnico de impacto regulatorio y sin un plan operativo que permita establecer las ventajas de exigirles una declaración previa podría provocar congestiones en los lugares de arribo, dada la capacidad actual de los puertos y aeropuertos y las restricciones de tipo humano y logístico para atender el flujo de operaciones.

Lo anterior fue ratificado al Ente de control por los diferentes gremios y representantes del sector aeronáutico y de transporte marítimo, que pidieron que se mantengan las condiciones actuales, que brindan hasta un mes (prorrogable por otro más) para adelantar los procesos de nacionalización de la mercancía.

El Ministerio Público hizo un llamado de atención a los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales y otras autoridades, a las que instó a darle cumplimiento a la solicitud que hizo la Superintendencia de Industria y Comercio de presentar la investigación que soporte las transformaciones que se pretenden.

Finalmente, la Procuraduría pidió que en aras de conocer, medir y evaluar el impacto que generaría la aplicación de los cambios en los lugares habilitados para la introducción o salida de mercancías del territorio nacional, se haga una socialización por parte de todos los actores involucrados y se evite un eventual detrimento de recursos tanto de la Nación, como de quienes derivan su sustento de este tipo de actividades.