Campaña de infiltración del gobierno Petro habría alcanzado a entornos cercanos de candidatos presidenciales y hasta el mismo Uribe

Documentos reservados conocidos por Noticias Caracol exponen posibles operaciones de vigilancia a antiguos mandatarios, presuntos ataques informáticos contra la Registraduría y cuestionamientos a millonarias contrataciones durante el gobierno de Gustavo Petro. Carlos Oyola, señalado de participar en una de las operaciones, fue capturado en Neiva.

Un nuevo escándalo sacude a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) por presuntas irregularidades que se habrían presentado durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Las revelaciones, conocidas a través de una investigación de Noticias Caracol, incluyen posibles planes para vigilar a expresidentes de Colombia, operaciones informáticas contra entidades del Estado y cuestionamientos sobre la contratación de equipos y tecnología por miles de millones de pesos.

Las denuncias quedaron expuestas en documentos reservados de la entidad y en un informe de empalme de 26 páginas elaborado para la nueva dirección de la DNI.

El caso tomó mayor relevancia este 9 de noviembre, luego de que la Contraloría General de la República anunciara una revisión prioritaria de cinco contratos por más de $20.783 millones, mientras se conocían nuevos detalles sobre la captura de Carlos Oyola, un funcionario señalado de participar en una presunta red de hackers vinculada a la entidad.

Presuntos planes de espionaje a expresidentes de Colombia

Uno de los aspectos más delicados de las revelaciones tiene que ver con un supuesto plan para instalar micrófonos y dispositivos de geolocalización GPS en los vehículos destinados a la protección de expresidentes y exvicepresidentes de la República.

Según los documentos conocidos por Noticias Caracol, una fuente humana habría advertido sobre la intención de intervenir los vehículos asignados a los esquemas de seguridad de los antiguos mandatarios.

La preocupación surgió después de que, mediante el decreto 0563 de 2026, expedido el 3 de junio, se incorporara a la DNI en el proceso de asignación de vehículos para los esquemas de protección.

Esta función tradicionalmente corresponde a la Unidad Nacional de Protección (UNP). Por ello, el informe cuestiona las razones para involucrar a la agencia de inteligencia en ese procedimiento y plantea la posibilidad de que se buscara obtener información sobre los movimientos de las personas protegidas.

Hasta el momento, los señalamientos corresponden a hallazgos y alertas consignados en documentos internos, por lo que deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes.

Otro de los puntos más preocupantes de la investigación involucra a Carlos Andrés Oyola Tovar, ingeniero de sistemas que ingresó a la Dirección Nacional de Inteligencia en febrero de 2024.

De acuerdo con los documentos revelados por Noticias Caracol, Oyola habría participado en actividades informáticas relacionadas con el acceso a bases de datos de diferentes entidades estatales.

Uno de los informes internos señala que habría hackeado sistemas para facilitar el acceso de integrantes de contrainteligencia a información institucional. Posteriormente, esos datos habrían sido alojados en una nube y se habrían perdido.

Sin embargo, el señalamiento más grave está relacionado con un supuesto plan para atacar los sistemas de la Registraduría Nacional durante las elecciones presidenciales de 2026.

Según el documento, Oyola habría tenido la responsabilidad de liderar una red de personas que ejecutaría operaciones informáticas para modificar los resultados de las votaciones del 21 de junio.

En los registros también aparece que entre sus actividades dentro de la DNI estaba la coordinación de activistas digitales, bodegueros y hackers.

Fue capturado en Neiva después de permanecer prófugo

La situación judicial de Oyola también generó cuestionamientos, debido a que, según los reportes conocidos, tenía una orden de captura expedida el 7 de mayo de 2026. El ingeniero fue detenido el pasado 6 de noviembre en Neiva, después de permanecer aproximadamente seis meses evadiendo a las autoridades.

Su captura se produjo dentro de un proceso relacionado con presuntas irregularidades informáticas, entre ellas el supuesto acceso ilegal a los sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), para modificar registros académicos.

La Fiscalía le atribuye posibles delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático, falsedad material en documento público y fraude procesal. También aparecen señalamientos sobre su presunta participación en actividades de espionaje, constreñimiento electoral y filtración de información de seguridad nacional.

El caso incluye cuestionamientos sobre un proyecto para desarrollar una segunda versión del Sistema de Información de Inteligencia y Contrainteligencia (SIIC), una plataforma destinada a concentrar información sensible de la entidad.

Mientras avanzan las revelaciones, la Contraloría General de la República ordenó una revisión prioritaria de cinco contratos de la Dirección Nacional de Inteligencia. La decisión busca establecer si existieron fallas técnicas, incumplimientos, deficiencias de calidad o posibles sobrecostos en la adquisición de equipos y elementos destinados a las actividades de la entidad.

Estos son los contratos que estarán bajo revisión:

1. Helicóptero no tripulado: adquisición por aproximadamente $9.000 millones. El equipo habría presentado fallas en sus sistemas de comunicación, motor, caja de engranajes y combustible, antes de sufrir un siniestro el 15 de marzo de 2026. La Contraloría también verificará las condiciones de aseguramiento y las garantías.

2. Tres sistemas antidrones: contratación por cerca de $8.340 millones. Se revisará su funcionamiento, entrega, características técnicas y utilización efectiva.

3. 595 computadores: contrato por aproximadamente $1.314 millones. Se investigarán denuncias sobre problemas de calidad, funcionamiento y posibles incumplimientos de las especificaciones.

4. Sistema de identificación biométrica: adquisición por cerca de $580 millones. El organismo de control verificará por qué la plataforma aparentemente no habría entrado en funcionamiento.

5. Mobiliario y dotación para la sede de Funza:** contrato por aproximadamente $1.549 millones. Se examinarán los estudios de mercado, los precios de adquisición y las condiciones de entrega de los elementos.

La Contraloría explicó que, si encuentra evidencias de un posible detrimento patrimonial, adelantará las actuaciones fiscales correspondientes. También podrá trasladar los hallazgos a la Fiscalía o a la Procuraduría si identifica hechos que puedan tener relevancia penal o disciplinaria.

¿Qué se sabe hasta ahora del escándalo de la DNI?

Las revelaciones conocidas hasta el momento involucran tres grandes frentes: posibles operaciones de vigilancia a antiguos mandatarios, presuntos ataques informáticos contra la Registraduría y cuestionamientos sobre la administración de recursos públicos destinados a tecnología y equipos de inteligencia.

Mientras la Fiscalía deberá esclarecer las responsabilidades individuales en las investigaciones penales, la Contraloría tendrá que determinar si las contrataciones cuestionadas ocasionaron algún daño al patrimonio público.

Por ahora, las denuncias no equivalen a condenas ni permiten establecer que las presuntas operaciones se hayan ejecutado en su totalidad.

El caso abre nuevos interrogantes sobre el funcionamiento de los organismos de inteligencia del Estado durante el gobierno Petro, el manejo de información reservada y los controles sobre los recursos públicos destinados a la seguridad nacional.