Campus universitario o frontera delictiva

La inviolabilidad del campus universitario, nacida como una garantía constitucional para proteger la libre catedra y el pensamiento crítico frente a eventuales arbitrariedades del poder estatal, atraviesa una profunda crisis de legitimidad.

Por: Luis E. Gilibert

Lo que originalmente se concibió como santuario del intelecto corre el riesgo de transformarse, por la vía de los hechos, en salvoconducto para la violencia, donde manifestantes virulentos y agitadores profesionales ejecutan agresiones contra la fuerza pública y la ciudadanía para luego replegarse impunemente tras sus muros.

Esta dinámica distorsiona el principio de autoridad universitaria; confundir libertades académicas y de protesta con el libertinaje sin ley, atenta contra la esencia misma de la universidad y desprotege a vecinos, comerciantes y transeúntes afectados por el bloqueo de vías y el vandalismo. Frente a este panorama, la respuesta institucional no puede ser la paralización ni el repliegue, sino la aplicación de criterios claros, ponderados y amparados en el marco normativo.

La autonomía universitaria no constituye un fuero de extraterritorialidad jurídica ni convierte el campus en zona franca al margen de la ley. La normativa constitucional faculta la fuerza pública a intervenir ante delitos flagrantes o situaciones de riesgo inminente para la vida y la integridad física, siendo imprescindible precisar protocolos de actuación para que, ante agresiones con explosivos o armas, la policía pueda reaccionar en el marco del principio de proporcionalidad y estricta necesidad, evitando así que los cercados institucionales funcionen como un escudo para la impunidad.

Las autoridades académicas no pueden asumir un rol de neutralidad pasiva ante la comisión de delitos dentro o desde sus instalaciones. La autonomía implica responsabilidad, por tanto, corresponde a los consejos superiores y rectores establecer canales de comunicación directos y fluidos con las autoridades civiles y policiales, articulando protocolos claros de evaluación para proteger a estudiantes no involucrados y denunciar formalmente a quienes utilicen la infraestructura con fines violentos.

Es fundamental garantizar el ejercicio legítimo de la protesta social, defendida por la ley en un Estado democrático. Sin embargo, el lanzamiento de artefactos incendiarios, la destrucción del patrimonio y el ataque sistemático a uniformados, constituyen conductas punibles que deben ser investigadas y sancionadas. Las directivas universitarias se obligan a adelantar procesos disciplinarios contundentes para corregir a quienes participen en estos hechos, desmantelando la cobertura que los violentos buscan en la comunidad estudiantil.

Para evitar intervenciones masivas que afecten desproporcionadamente la comunidad académica, el Estado puede priorizar labores de inteligencia y recopilación de material probatorio que permita la captura y judicialización selectiva de dinamizadores de violencia, respetando siempre el debido proceso. Restablecer el orden y respeto a la autoridad no implica menoscabar las libertades democráticas; por el contrario, es la única vía para garantizar que la universidad siga siendo un espacio de debate libre, seguro y al servicio de la sociedad.