Capturan y envían a prisión a jueza que habría liberado a neerlandés pedido en extradición por narcotráfico

La Fiscalía investiga a Myriam Alcira Martínez por una decisión de hábeas corpus que permitió la libertad de un extranjero requerido por otro país. En el caso también fueron detenidos una abogada y un funcionario judicial.

La jueza Myriam Alcira Martínez fue capturada por orden de la Fiscalía General de la Nación, en medio de una investigación por presuntas irregularidades en una decisión judicial que permitió la libertad de un ciudadano neerlandés solicitado en extradición por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Según información divulgada por Noticias Caracol y retomada por Infobae, la funcionaria habría concedido un recurso de hábeas corpus que benefició al extranjero, pese a que era requerido por autoridades de otro país. La determinación generó cuestionamientos y motivó gestiones entre Colombia y Países Bajos para intentar revertir sus efectos.

La Fiscalía investigó las circunstancias en las que se tomó la decisión y solicitó la orden de captura contra la jueza, que fue materializada por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

El procedimiento también dejó bajo custodia a una abogada y a un funcionario del Centro de Servicios Judiciales, quienes presuntamente estarían relacionados con los hechos examinados por el ente acusador.

De acuerdo con la información publicada, la Fiscalía prevé imputar a Martínez los delitos de cohecho propio, falsedad ideológica en documento público y prevaricato. La situación jurídica de los tres detenidos deberá definirse durante las audiencias preliminares, en las que un juez de control de garantías evaluará las solicitudes de las partes.

La captura no constituye por sí misma una declaración de culpabilidad. Las responsabilidades individuales deberán establecerse dentro del proceso judicial.

Antecedentes de decisiones judiciales cuestionadas

El caso también puso nuevamente bajo atención la trayectoria de Martínez López, quien había sido objeto de cuestionamientos por otra decisión relacionada con la libertad del líder camionero Pedro Aguilar, en 2018.

Según antecedentes citados por Infobae, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá abrió una vigilancia administrativa para examinar la actuación de la entonces jueza 77 penal municipal con función de control de garantías, después de que concediera la libertad a Aguilar.

La revisión buscaba establecer las circunstancias en las que se tramitó la solicitud y determinar si la funcionaria pudo haber sido engañada por una persona que presuntamente se hizo pasar por fiscal o si existieron irregularidades en su actuación.

Antes de la audiencia que derivó en la libertad de Aguilar, se habían presentado otras dos solicitudes para obtener ese beneficio, una de ellas sustentada en problemas de salud. De acuerdo con la información publicada, esas peticiones anteriores no prosperaron.

Martínez también había ordenado, en noviembre de 2017, la libertad de Carlos Ramírez Vargas, funcionario de tránsito de Aguachica, Cesar, investigado en un caso de presunta corrupción. Estos antecedentes fueron mencionados en reportes sobre las actuaciones judiciales que generaron cuestionamientos.

Sin embargo, cada episodio corresponde a hechos distintos y debe analizarse de manera independiente.

Audiencias definirán la situación de los detenidos

Con las capturas, la investigación entra en una etapa en la que la Fiscalía deberá presentar los elementos que sustentan sus señalamientos y solicitar las medidas judiciales que considere pertinentes.

Las audiencias preliminares permitirán conocer los cargos formulados y las decisiones sobre la libertad de los implicados mientras avanza el proceso. La investigación busca establecer si hubo actuaciones contrarias a la ley en el trámite que benefició al ciudadano neerlandés y si existen responsabilidades penales de la jueza, la abogada y el funcionario judicial.

Por ahora, las imputaciones anunciadas por la Fiscalía deberán ser sometidas al debate judicial correspondiente, mientras se esclarecen las circunstancias de la decisión que desencadenó el caso.