Cárceles convertidas en universidades del crimen: Esta es la propuesta para transformar el sistema penitenciario colombiano
El Senado alertó que las cárceles siguen siendo centros desde donde se coordinan delitos, pese a las incautaciones de 2025 y al bajo enfoque en resocialización.
El Senado alertó que las cárceles siguen siendo centros desde donde se coordinan delitos, pese a las incautaciones de 2025 y al bajo enfoque en resocialización.
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La preocupación de los senadores cintantes está relacionada con la capacidad que conservan las organizaciones delincuenciales para continuar desarrollando actividades ilícitas desde los establecimientos penitenciarios. Durante 2025, según el balance presentado en el debate, las autoridades incautaron 37.730 teléfonos celulares, 36.412 tarjetas SIM, 25.000 armas cortopunzantes y 973 kilos de estupefacientes en las cárceles colombianas. El problema tiene una repercusión directa en la seguridad ciudadana, especialmente por las extorsiones telefónicas y las actividades criminales que pueden coordinarse desde prisión.
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE
Con una advertencia del senador santandereano Gustavo Adolfo Moreno llegó nuevamente al centro del debate político en el Senado la crisis del sistema penitenciario colombiano, del que se sostuvo que perdió su propósito de resocialización y se ha convertido, en muchos casos, en un entorno donde se reproducen las estructuras delincuenciales.
Durante el debate de control político que convocó junto con la senadora Isabel Cristina Zuleta, Moreno puso sobre la mesa una realidad que, a su juicio, no puede seguir abordándose exclusivamente desde el aumento de penas o la construcción de más establecimientos penitenciarios: el sistema carcelario colombiano no está cumpliendo su función de preparar a las personas privadas de la libertad para regresar a la sociedad.
Su diagnóstico quedó resumido en una expresión contundente: las cárceles son hoy “universidades del crimen”. Una afirmación con la que llamó la atención sobre la reincidencia, el control de actividades ilegales desde los establecimientos penitenciarios y la ausencia de programas efectivos de educación, trabajo y recuperación social.
Para el congresista de la Alianza Social Independiente (ASI), el problema no consiste únicamente en la falta de cupos. Se trata de una crisis estructural que combina hacinamiento, deficiencias presupuestales, corrupción, dificultades de vigilancia y una política penitenciaria que privilegia el castigo, pero deja en segundo plano la reintegración social.
Moreno calificó la situación como “una bomba de tiempo que estalló” y recordó que, pese a que Colombia lleva más de dos décadas bajo la declaratoria de un Estado de Cosas Inconstitucional en materia penitenciaria, las condiciones de reclusión siguen evidenciando profundas fallas institucionales.
El costo de encarcelar sin resocializar
Uno de los cuestionamientos centrales del senador santandereano estuvo relacionado con el costo económico que representa el modelo penitenciario actual. Según las cifras que presentó, mantener a una persona privada de la libertad le cuesta al Estado aproximadamente $2,7 millones mensuales, mientras que apenas el 3% del presupuesto anual del sistema se destina a programas de resocialización.
El congresista puso en perspectiva esa relación entre gasto público y resultados sociales al señalar que el sostenimiento de un interno durante un mes supera lo que cuesta educar a un niño en un colegio público durante un año.
El sistema penitenciario colombiano demanda alrededor de $4,2 billones anuales, pero la mayor parte de esos recursos se concentra en funcionamiento, vigilancia, alimentación e infraestructura, sin que exista una inversión proporcional en oportunidades para que los internos puedan reconstruir sus proyectos de vida.
En ese contexto, insistió en la necesidad de poner en marcha la política de Cárceles Productivas, que busca vincular al sector empresarial con actividades industriales y laborales dentro de los establecimientos de reclusión. La iniciativa permitiría que las personas privadas de la libertad desarrollen capacidades, adquieran experiencia y tengan alternativas económicas cuando recuperen su libertad.
Miles de detenidos sin vigilancia efectiva
Otro de los puntos que concentró la atención del senador fue la falta de mecanismos para controlar a quienes cumplen medidas de detención domiciliaria. De acuerdo con el diagnóstico presentado por Moreno, Colombia tiene cerca de 60.000 personas bajo esta modalidad, pero solamente 5.000 cuentan con brazaletes electrónicos para verificar el cumplimiento de las restricciones impuestas por la justicia.
La diferencia plantea un serio interrogante sobre la capacidad institucional para hacer seguimiento a esta población y evitar que personas beneficiadas con medidas alternativas vuelvan a delinquir.
El congresista también expuso las dimensiones del hacinamiento: las cárceles nacionales registran un sobrecupo del 23%, equivalente a unos 20.000 internos por encima de su capacidad; en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) llega al 94% y en las estaciones de Policía alcanza el 243%.
Las cifras oficiales de la Corte Constitucional confirman la dimensión estructural del problema. En agosto de 2026, los establecimientos penitenciarios nacionales albergaban 101.543 personas frente a una capacidad de 80.992 cupos, mientras los centros de detención transitoria tenían 18.824 detenidos para apenas 9.686 espacios disponibles.
A este panorama se suma la presión sobre la Policía Nacional. Más de 2.300 uniformados permanecen dedicados a custodiar personas detenidas en estaciones y centros transitorios, en lugar de desarrollar labores de vigilancia y prevención del delito en las calles.